Presidente pide cárcel para responsables de caso ‘respiradores’; opositores piden intervención de la Contraloría y Fiscalía y cae el primer sospechoso

Los respiradores ponen en jaque al Gobierno. La presidenta Jeanine Añez informó este martes que se ha iniciado una investigación respecto a la compra de los respiradores de origen español y, en ese marco, pidió cárcel para quienes se hayan llevado dinero de manera ilegal. Los opositores piden una investigación a fondo por parte del Ministerio Público y de la Contraloría.

“Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”, indicó mediante Twitter la mandataria.

La compra de los 170 ventiladores ya había generado polémica, porque no son aptos para terapia intensiva, sino para emergencia. Sin embargo, ahora la controversia se profundizó porque se supo que los equipos básicos son vendidos en fábrica en España hasta en 6.500 euros, cuando en Bolivia se compraron a 27 mil dólares.

La semana pasada Añez en persona entregó los respiradores españoles en diferentes departamentos del país.

Diputados y la Defensoría del Pueblo ya pidieron que el caso se investigue y que intervengan entidades como la Contraloría y el Ministerio Público.

El jefe de brigada cruceña, el diputado Erick Morón, solicitó que de manera urgente e inmediata se haya una auditoría especial a cargo de la Contraloría a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) del Ministerio de Salud, que es la entidad encargada de las contrataciones de equipos para enfrentar la pandemia.

“Señor Contralor usted es cómplice por omisión si no audita este caso, cumpliendo su obligación constitucional. Ya existe un contrato, ya están los respiradores en nuestro país, por lo tanto, se necesita una auditoría de manera inmediata y la aplicación inmediata de la ley 1178”, manifestó el diputado.

Por su parte, la diputada del MAS, Concepción Ortiz, dijo que es una competencia de la Contraloría asumir responsabilidad en fiscalizar este caso de supuesto sobreprecio, pero también planteó que el Ministerio Público investigue de oficio lo que ocurre en el Ministerio de Salud.

El diputado Luis Felipe Dorado también pidió la intervención de la Contraloría y Fiscalía en la Aisem, porque consideró como un “delito gravísimo” que en plena pandemia se incurra en sobreprecio.

“No podemos aceptar en el país de que ‘vivarachos’ quieran enriquecerse con un simple contrato que está ahora afectando la salud de todos los bolivianos”, sostuvo el legislador cruceño.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, también solicitó a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Salud, a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional informar, supervisar e investigar la compra de los ventiladores.

CAE EL PRIMER SOSPECHOSO

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió esta tarde a Fernando Valenzuela, alto funcionario del Ministerio de Salud, por la polémica adquisición de los 170 respiradores de origen español que compró el gobierno, informó el Ministerio de Gobierno. 

Según información del Ministerio de Salud, Valenzuela es el Director Jurídico de esa cartera de Estado.

La aprehensión de Valenzuela se dio luego que Transparencia evidenció que fue él quien se encargó de la adquisición directa de la compra de los ventiladores. 

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, Valenzuela recibió la proforma en una empresa que ofrecía respiradores a mitad de precio, pero, pese a ello, compró los respiradores más caros.

De acuerdo con una nota, que circuló en redes sociales mencionada por dicho Ministerio, el cónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja, reportó que Valenzuela le informó que ya estaba aceptada la oferta de la compra de los respiradores de la empresa GPA Innova a través de la empresa IME Consulting.

Con ese antecedente, el Ministerio de Gobierno presentó la denuncia contra Valenzuela, para que explique ante las autoridades judiciales el porqué de la adquisición de los respiradores a pesar de que existía una oferta a mitad de precio.

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