La norma no solo penalizaba la desinformación, sino también la información de cualquier índole (escrita, impresa y/o artística) que genere incertidumbre.
El Gobierno Nacional da marcha atrás y decidió este jueves derogar tres disposiciones adicionales del Decreto 4231 que fueron criticadas por varias entidades, – incluso internacionales -, por amenazar la libertad de expresión en medio de la pandemia.
La decisión fue comunicada en una nota que envió el Estado boliviano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la misma, se comunica que el Gobierno de Bolivia, mediante Decreto Supremo 4236, procedió a derogar la Disposición Adicional única del Decreto 4231, el Parágrafo 11 del Artículo 13 del Decreto 4200, y el Parágrafo II del Artículo 7 del Decreto 4199, que sancionaban por la vía penal la difusión de la información escrita, impresa y/o artística que genere “incertidumbre en la población”.
“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”, especificaba la disposición que ahora se encuentra anulada.
El Gobierno argumentó que tomó esa decisión “en atención a ciertas inquietudes, respecto a interpretación de los Decretos promulgados en el marco de la Emergencia Nacional y Declaratoria de cuarentena total contra el contagio y propagación del coronavirus, a la luz del respeto a la libertad de expresión”.
Días anteriores, los sectores de la prensa boliviana y organismos internacionales, pidieron la anulación de esta norma y exigieron el respeto a la libertad de información establecido en la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE).
A pesar de la derogatoria, el Estado boliviano en su nota a la CIDH ratificó que no abandona el compromiso de precautelar los valores fundamentales de seguridad pública, orden y salud públicos, en el marco de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Agregó que protegerá el valor supremo de la vida y la seguridad de los bolivianos, “ante las amenazas de violencia y los atentados contra la cuarentena que promueve diariamente el ex Presidente Evo Morales y sus seguidores”.
