La defensa de ese país pidió a la CIJ que confirme la aplicación del principio de uso razonable y equitativo a “todas” las aguas del Silala, lo que para Santiago implica el uso tal como se da en la actualidad y sin pago.
El equipo de Chile, en la segunda ronda de alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sacó a relucir el caso del río Lauca y sostuvo que Bolivia en 1962 rompió relaciones y acusó a Santiago de cometer un acto que amenazaba la paz en el continente, por lo que los juristas de La Moneda manifestaron que el fallo de La Haya sobre el Silala debe ser bienvenido y no evitado.
La representación chilena también pidió a ese tribunal que confirme la aplicación del principio de uso razonable y equitativo a “todas” las aguas del Silala, lo que en la lectura de La Moneda implica el uso de las aguas tal como se da en la actualidad (todo para Chile y sin compensación).
Ximena Fuentes, agente de Chile ante La Haya, dijo a los jueces que entre Bolivia y Chile comparten más de 16 cursos de agua y una serie de acuíferos transfronterizos, en los cuales a veces Chile es Estado aguas abajo y a veces lo es Bolivia, pero la jurista subrayó que lamentablemente la cooperación no ha sido fácil.
“Es muy difícil hablar de recursos hídricos compartidos cuando una de las partes, como sucede en el caso de Bolivia, piensa que como Estado aguas arriba tiene derechos soberanos exclusivos sobre algunas o todas las aguas del río Silala; y como Estado aguas abajo reivindica su derecho de veto sobre los usos aguas arriba del río Lauca”, sostuvo Fuentes.
Los expertos señalan que el río Lauca nace en los bofedales del volcán Parinacota y recorre más de 70 kilómetros por Chile hasta la frontera, y que cerca de la localidad Macaya ingresa a Bolivia. En 1962, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile a raíz de la “actitud unilateral” del país vecino, que implicó el desvío de ese curso de agua internacional.
Fuentes indicó que, en el caso del Lauca, en el que Chile es Estado aguas arriba, en 1962, Bolivia alegó que Santiago estaba impedido de utilizar sus aguas sin su autorización, pero cuando Chile continuó con sus planes, Bolivia rompió relaciones y pidió que se convocara a sesión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos y acusó a Chile de un acto de agresión contra su integridad territorial, que amenazaba la paz en el continente.
En ese marco, la Agente sostuvo que “parece por mucho preferible que la resolución de al menos la disputa sobre el río Silala se logre a través de una solución pacífica ante esta corte”, y que es “lamentable” que Bolivia no aprecie la importancia de un fallo de La Haya.
En la primera ronda de alegatos, la defensa de Bolivia indicó que los puntos de acuerdo entre las partes -como que el Silala es “es un curso de agua internacional”, primer petitorio de Chile- superan de lejos las cuestiones que les dividen, hasta tal punto que el abogado Mathias Forteau, durante su intervención, se preguntó si las reclamaciones de Chile tienen razón de ser.
La abogada Johanna Klein Kranenberg señaló que Santiago requiere que la Corte de La Haya confirme que en “todas” las aguas del Silala se aplica el criterio de “uso razonable y equitativo”. En el caso de la posición de Santiago, según sus alegatos, implica el uso actual que hace ese curso de agua. Es decir, el uso total.
“Chile necesita una decisión de la Corte que confirme la aplicación del principio de uso razonable y equitativo a todas las aguas del Silala, que no considera ningún tipo de compensación por usos pasados o futuros”, sostuvo.
En sus alegatos finales, la agente Fuentes manifestó que Chile solicita a la Corte, entre otros petitorios, que tiene “derecho” al uso equitativo y razonable de las aguas del Silala, y que, bajo la norma de uso equitativo y razonable, “Chile tiene derecho a su uso actual de las aguas del río Silala”.
Además de Fuentes y Klein Kranenberg, los abogados Sam Wordsworth y Laurence Boisson Des Chazournes también realizaron intervenciones en la segunda ronda de alegatos orales de Chile.
Wordsworth mencionó los que denominó “dos hechos relevantes” para que la Corte tome una determinación: 1) La construcción de canales la realizó FCAB en virtud de la licencia de 1908, otorgada por Bolivia, “y por mucho que Bolivia se centre en la supuesta degradación de los humedales en su territorio, sigue siendo cierto que se trata de una degradación de la que sólo Bolivia podría ser responsable”, y que las decisiones “unilaterales” no pueden incidir en el estatus del Silala; y 2) El Silala es un sistema de agua superficial y subterránea acoplado, y ya sea como agua superficial o subterránea acaba fluyendo hacia Chile, y la cantidad de flujo con o sin canales no cambiará.
Respecto a que los expertos de Chile no hicieron estudios en la zona boliviana del Silala, tal como la defensa nacional subrayó en la etapa de interrogatorios, el abogado Wordsworth aseguró que en el lado chileno perforaron ocho pozos y hasta realizaron estudios detallados de los manantiales en más de 30 lugares, entre otras acciones.
Klein Kranenberg manifestó que el borrador de acuerdo de 2009 que Bolivia y Chile negociaron no es una “indicación” de lo que ambos consideran como equitativo y razonable, como señaló la defensa de Bolivia.
Agregó que ese borrador “no puede ser tomado en cuenta por la Corte”, porque no se consumó el acuerdo. No obstante, pese a que Chile restó importancia al documento, Klein Kranenberg dijo que las negociaciones fracasaron porque Bolivia empezó a pedir la denominada “deuda histórica” de las aguas del Silala.
Boisson Des Chazournes, por su parte, manifestó que Bolivia nunca impugnó los usos de las aguas efectuados por Chile, y que incluso usó los recursos hídricos al dar la concesión a FCAB a principios del siglo XX.
Agregó que la solicitud de Chile “no prejuzga en modo alguno los usos futuros de las aguas del Silala por parte de Bolivia”, porque, según su argumento, “Chile ha dejado muy en claro que Bolivia también goza de ese derecho”.
Mañana, le toca a Bolivia presentar su segunda ronda de alegatos orales. El jueves se cierra la etapa con la última intervención de Chile.
Por Pablo Peralta M.
Fuente: Página Siete
