CC y Creemos rechazan el acuerdo bicameral y que se hubiera ‘negociado’ la prórroga de magistrados, a cambio de la aprobación de créditos

Foto: Erbol

Desde CC vislumbran que el presidente Arce buscará alargar su mandato.

Tanto Creemos como Comunidad Ciudadana (CC) hicieron conocer su rechazo al acuerdo bicameral por la Ley 144 de Elecciones Judiciales, pactado este viernes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Los opositores aseguran que no están de acuerdo, porque -sostuvieron- se avaló a los magistrados prorrogados.

“Las señales son claras: así como de manera ilegal e inconstitucional dieron su aval para que los ‘masistrados’ (magistrados afines al MAS) se alarguen en sus cargos, (el presidente) Arce hará lo posible de (por) anular las elecciones del 2025 y extender su mandato, cuando vea que no tiene posibilidades de ser reelecto por la vía del voto”, dice una de las partes más sobresaliente del comunicado de CC.

Además sostiene, que el Ejecutivo pretende anular la Asamblea Legislativa y Al Tribunal Supremo Electoral, por lo que alertan a la población, de que -a su juicio- Luis Arce quiere instaurar un “régimen autocrático mediante sus operadores del Órgano Electoral”.

Comunicado CC
Comunicado CC

​Ante esta situación, instan a legisladores a no acatar ninguna sentencia, resolución o auto constitucional de las autoridades prorrogadas, puesto que ya cumplieron su gestión el 31 de diciembre de 2023, por lo que sus actos son nulos de pleno derecho.

Rechazamos el chantaje del MAS vinculado a la aprobación de créditos, que sólo endeudan a los bolivianos y enriquecen a los corruptos. La ley no es un mercado, donde se negocia la aplicación de la norma por intereses personales o políticos”, se lee en el comunicado de CC, que firman: Luisa Nayar, Luciana Campero, Samantha Nogales, Pamela Alurralde, Jairo Guiteras, Pablo Arizaga Janira Román, Lily Fernández, Mayra Zalles, Toribia Lero, Andrea Barrientos y Corina Ferreira.

“¡Rechazamos la extorsión masista para la elección judicial! ¡No seremos cómplices de la deuda pública, ni de la catástrofe de la justicia!”, publicó Nayar, en sus redes sociales.

En tanto que su colega Campero publicó:

“El Gobierno ha metido de contrabando proyectos de ley para la aprobación de créditos en un acuerdo en el que solo se debía tratar las elecciones judiciales. El MAS, sea arcista o evista, ha demostrado en reiteradas oportunidades que no cumple su palabra. Por eso vamos a activar las acciones legales en contra de los autoprorrogados y acudir a organismos internacionales”.

En la jornada de este viernes, los parlamentarios de Creemos se retiraron de la sesión bicameral sin firmar el acuerdo por las elecciones judiciales, por considerar que la prórroga de magistrados viola la Constitución Política del Estado (CPE).

Henry Montero, jefe de la bancada de Creemos, afirmó, en conferencia de prensa, que dentro del acuerdo se incluyó de “contrabando” un artículo, que avala la prórroga de los magistrados, motivo por el que decidieron no reconocer el documento por las elecciones judiciales.

“Planteamos incluir dentro de uno de los artículos de la Ley 144, que no aceptaríamos los ‘autoprórrogados’ y una redacción, que tendría que decir: ‘dar cumplimiento al artículo 183 de la Constitución Política del Estado’ y que estas autoridades deberían ser cesadas de sus funciones”, manifestó Montero.

El legislador también mencionó que, un Auto Constitucional de los magistrados, establece, que diputados y senadores deberán legislar sobre los artículos declarados inconstitucionales y que se deberán abstener de tratar tema de la “autoprórroga”.

“Caso contrario, existe una medida cautelar que, si ustedes tocan este tema paralizarían todo el proceso”, agregó Montero. 

El parlamentario finalizó indicando que no firmarán ningún acuerdo, con el pretexto de elecciones judiciales, porque es “darle agua bendita y certificado de constitucionalidad a las autoridades prorrogadas.

El que si firmó el documento en representación de Creemos (disientes) fue el diputado Leonardo Ayala. El acuerdo señala que se debe aprobar la ley para convocar a las elecciones judiciales, mientras que el cese de los prorrogados se tratará después de aprobar cuatro leyes de créditos internacionales.

Por su parte, la diputada María René Álvarez (Creemos) cuestionó, en sus redes sociales, a quienes signaron el acuerdo.

“Los firmantes del acuerdo para “garantizar las elecciones judiciales” han negociado abrir más deuda para los bolivianos en forma de créditos, a cambio de tratar la autoprórroga de los magistrados usurpadores”, publicó.

En la parte final de su post, manifestó su desacuerdo con el “pacto entre masistas y opositores, porque permiten que se siga vulnerando la Constitución, las leyes vigentes y las atribuciones de la función legislativa”.

Fuente: El Deber

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