La Ministra de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), María Elva Pinckert, compromete ayuda para combatir el incendio en el parque Noel Kempff Mercado. Pide a los municipios que avancen en la declaratoria de desastre para viabilizar las ayudas. Tras un sobrevuelo realizado en la zona, estiman unas 4.000 hectáreas quemadas.
Pinckert destacó que el fuego es rastrero “pero no de la magnitud como lo están haciendo ver; hemos visto en las redes sociales que están haciendo apología de esta situación”. Señala que algunas imágenes que circulan, sobre todo en la que se muestran animales quemados, no corresponden a la realidad.
La ministra señala que el fuego es rastrero y avanza lentamente. Además, con el cambio de viento hacia el sur, esperan que las llamas retornen hacia la zona incendiada, facilitando el control del fuego. Durante la jornada de hoy, la ministra realizó un sobrevuelo por la zona en compañía de especialistas forestales.
El Director ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas protegidas (Sernap), Maikol Melgar Pareja, explica que el fuego ha sido causado por la “actividad humana en el sector de Piso Firme y Porvenir. Después del chaqueo ha pasado al bosque, como un incendio rastrero que no es intenso”.
Melgar considera que el control del fuego puede demorarse hasta 10 días, según diversos factores climáticos. La dificultad de acceso al lugar se presenta como la barrera más importante para combatir el incendio. Melgar considera que, además de recorrer una parte en botes, se debe caminar hasta tres horas para acceder al frente.
Por el momento, se han desplazado unos 80 efectivos entre bomberos y soldados capacitados para colaborar en incendios. Además, se espera que mañana puedan incorporarse unos 30 guardaparques de todo el país para reforzar el trabajo. Incluso, apunta Melgar, “pediremos refuerzos a las Fuerzas Armadas para contar con mayor personal si fuera necesario”.
Burocracia frena la ayuda
Por su parte, activistas medioambientales observan que el principal problema que se enfrenta ante estas situaciones nace de la burocracia que limita las acciones inmediatas. Daniela Justiniano, portavoz de Alas Chiquitanas, considera que, ante la emergencia, “hay que hacer las cosas que se deben en el momento oportuno”.
Justiniano apunta a la ley 602 como detonante de una burocracia que frena la gestión de las ayudas inmediatas. La demora de algunos municipios para plantear su declaratoria de desastre retrasa el accionar de la Gobernación y del Ministerio mientras las llamas avanzan.
Con la crisis del Covid-19, la mayoría de los municipios se encuentran en una quiebra económica y dependen de la ayuda de las autoridades departamentales para afrontar las acciones contra el incendio.
“Hay cosas en las leyes que atan las manos”, indica e ilustra con el abastecimiento de combustible que frena la movilización de maquinaria. El esfuerzo de los voluntarios se convierte en una salida rápida a estas limitaciones para que la labor de los bomberos no se detenga.
“A diferencia del pasado año, se ha logrado una coordinación más dinámica con las autoridades. No se puede trabajar por separado”, manifiesta la activista. Considera que, por ambas partes, “hay interés en querer hacer bien las cosas” y fruto de ello es la participación de diversas instituciones ambientales en la reunión del Gabinete de Crisis que se realizará esta tarde.
Sernap ratifica denuncias penales por los incendios forestales en áreas protegidas
El Director Ejecutivo del Sernap, Maikol Melgar, ratificó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, las denuncias penales por los incendios forestales en el Parque Nacional Otuquis, registrados en agosto último.
«Estamos ratificando la denuncia penal que hemos iniciado en agosto sobre los incendios forestales en Santa Cruz. Venimos a ratificar, presionar y exigir a la autoridad competente que se pueda aprehender a las personas que han ocasionado los incendios en el Parque Nacional Otuquis», informó Melgar.
Advirtió que ese incendio pudo haber sido provocado por actividades relacionadas con la ganadería, pecuarias o chaqueos, y que no fue controlado a tiempo.
Los delitos por las quemas y sus consecuencias tienen una pena de uno a seis años de cárcel, pero esa condena se puede agravar debido a la magnitud o reincidencia del hecho.
El Deber
