Parlamentarios perfilan dos leyes para salvar la crisis del Órgano Judicial

En 2010 se había promulgado la una ley que autorizaba el trabajo de los subalternos hasta la elección judicial.

Una Ley que defina la situación de los altos cargos judiciales y otra que fije plazos para la elección judicial, son las propuestas que lanzaron los legisladores antes de ingresar a la reunión con el Vicepresidente. El MAS recordó que en 2010 ya hubo acefalías de cargos en ese Órgano del Estado.

“Todas las autoridades de la magistratura tienen que irse el 31 de diciembre de este año; y la segunda certeza, tenemos que garantizar que, en el menor tiempo posible, la Asamblea Legislativa allane la posibilidad de aprobar una ley de convocatoria para la preselección de las nuevas autoridades”, explicó el jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi.

Este viernes, los partidos intentan encontrar algunos consensos que los conduzcan a encontrar la salida legal a esta crisis, que fue creada por ellos mismos, pues desde marzo de este año no logran un acuerdo para la convocatoria a elecciones judiciales.

El presidente de la comisión de Constitución, Juan José Jauregui (MAS-ala arcista), recordó que, en 2010, el país ya tuvo un escenario similar con un Órgano Judicial que tenía muchas acefalías y, por tanto, se puede avanzar en ese mismo camino; reiteró que no habrá “decretazo” tal como denuncian los opositores políticos.

“En 2010 hubo un escenario algo parecido, donde hemos tenido un Tribunal Constitucional sin magistrados, hemos tenido una Corte Suprema (de Justicia) con la mitad del quórum y hemos tenido un Consejo de la Magistratura sin miembros”, recordó Jauregui a los periodistas.

Sin embargo, olvidó mencionar que en 2010 se había aprobado la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y que faltaban leyes de desarrollo de la Carta Magna. La ley del Órgano Judicial se promulgó en junio de ese año y la ley del Tribunal Constitucional se hizo pública en julio del mismo año. La primera norma que rige para todos los estamentos judiciales, establecía la vigencia de los interinatos hasta la elección de nuevas autoridades judiciales, pues los altos cargos, aglutinados en torno a la Corte Suprema de Justicia, fueron suspendidos en su mandato.  

Fuente: El Deber

Comentarios