La Conferencia Episcopal lamenta que se pusiera en riesgo la vida del gobernador con el violento operativo de aprehensión. Pide a la población no caer en la tentación de la revancha y violencia.
La Iglesia católica ratificó en las últimas horas que el “golpe de Estado” nunca existió y lamentó la nueva afrenta del Gobierno nacional a Santa Cruz con la aprehensión y detención de su gobernador, Luis Fernando Camacho.
Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal repudió el violento operativo contra la autoridad cruceña, durante su traslado a La Paz, e instó a la población cruceña a no caer en la tentación de revancha y violencia.
“De parte de autoridades del Gobierno se ha justificado esta accionar, argumentando participación del señor Luis Camacho en el supuesto “golpe de estado del noviembre 2019”, que nunca existió y que es fruto de una falsa narrativa y de medias verdades”, recalca esa instancia, como señaló sobre ese proceso en junio de 2021.
Explica que “lo que en realidad sucedió (en 2019), fue un levantamiento pacífico de la población de Santa Cruz, ante el evidente fraude electoral en las elecciones del 20 octubre de 2019 de parte del partido de Gobierno”, como indicaron instituciones y observadores internacionales independientes, entre ellos la OEA.
El clero exige a las autoridades, “el estricto apego y cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el respeto a la autonomía y libertad de acción de los otros poderes del Estado, en particular de la administración de la justicia, en varias ocasiones vapuleada”.
Apunta que “no se trata de derechas o de izquierdas sino de justicia”. Recuerda, además, que “la libertad de pensamiento y expresión son parte del ejercicio de la democracia, fundamento de la convivencia pacífica y armónica” y aboga por “la efectiva aplicación de las garantías constitucionales y el debido proceso”.
“Al pueblo boliviano pedimos no caer en la tentación de la revancha y de la violencia, de la que pueden aprovecharse personas malintencionadas, y velar por la vida, la salud, dones sagrados de Dios, y por los bienes de las personas y del Estado”, concluye.
Fuente: El Deber
