Hay una disputa entre las promociones 1989 y 1990 por los comandos. Ya existe un retraso de cuatro meses en la aprobación de la Orden General de Ascensos
Han pasado 138 días desde que el coronel Jhonny Aguilera juró como nuevo Comandante General de la Policía y el presidente Luis Arce debía revisar la Orden General de Ascensos de la institución verde olivo que entregó el Comando de la Policía en enero y remitirlo al Senado para su aprobación. Pero la Orden General no será aprobada hasta que no se haya procesado a los policías que participaron del motín de noviembre de 2019, según lo confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo.
“Venimos de un golpe de Estado y necesariamente debemos investigar a todos y cada uno de los policías para que los mejores hombres y las mejores mujeres dentro de la institución policial puedan acceder a los mejores cargos”, dijo el titular de Gobierno este jueves.
Del Castillo no especificó hasta cuándo se completará esa investigación y quienes pueden acceder a los ascensos correspondientes. Actualmente, está al mando de la Policía la promoción 1989 y según explicaron los propios oficiales, los de la promoción 1990 deben ascender con la Orden General y solo quedarían los cuatro coroneles que forman el Estado Mayor Policial de la promoción 1989 mientras que el resto debe pasar a jubilación.
El problema radica en que la Orden General afecta a todos los grados y esos ascensos definen los destinos, porque los siguientes en las promociones deben ocupar cargos departamentales y direcciones nacionales, lo que significa el traslado de familias enteras. Estos cambios debían definirse en diciembre, pero hay un retraso de cuatro meses.
Actualmente, el Estado Mayor de la Policía está integrado por el Comandante General de la Policía, coronel Jhonny Aguilera; el Subcomandante General y Jefe de Estado Mayor de Policía, coronel Juan Luis Cuevas; el Inspector General, coronel Orlando Ponce; y el presidente del Tribunal Disciplinario Superior, coronel Víctor Hugo Soria.
Ayer (jueves), el comandante Jhonny Aguilera se disculpó de comentar al respecto y dijo que se cumplió con enviar desde el Comando la Orden General que manda la Ley Orgánica de la Policía en su artículo 79.
Castigo
Extraoficialmente se supo que el Gobierno no aprobará los ascensos porque busca la sanción de los que participaron en la quema de la Whiphala y el motín en los recintos policiales del país en noviembre de 2019, sumándose así a las serie de protestas de la población que denunciaba fraude electoral en favor del MAS.
El inciso 10 del artículo 14 de la Ley 101, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana establece la baja definitiva de todos los policías que hubieran participado en un motín.
“Las faltas graves a ser sancionadas con retiro o baja definitiva de la Policía sin derecho a reincorporación, sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda son: Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión (SIC)”, señala la norma.
El ministro de Gobierno dijo que los oficiales que participaron en esos hechos deben ser investigados y sancionados. Apuntó que este tema está en análisis entre el Ejecutivo y Legislativo, aunque los senadores deslindaron cualquier responsabilidad porque es una tarea del Gobierno.
“La mayoría no son suboficiales, son oficiales que están siendo investigados dentro de estos procesos. Tanto la Policía como cualquier ciudadano boliviano debe respetar sus símbolos patrios. Si se queman o destruyen los símbolos patrios deben ser sancionados de acuerdo con nuestra normativa”, dijo el ministro del Castillo.
Por Marco Antonio Chuquimia Huallpa
Fuente: El Deber
