El pago de una indemnización por el recurso hídrico es un asunto ‘privado’, señaló el jurista Rodman Bundy, que defiende a Chile. El agente boliviano Roberto Calzadilla precisó que el Estado se reserva el derecho de activar otras demandas legales.
El pago de la “deuda histórica” por el uso las aguas del Silala marcó el cierre de los alegatos orales de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El agente Roberto Calzadilla avisó a los jueces que el país se reservará el derecho de acudir con el reclamo en otros tribunales de alcance internacional.
Poco antes, Rodman Bundy, el abogado estadounidense que es parte del equipo jurídico nacional, aclaró que en el proceso actual no hay un reclamo específico por esa deuda y de ese modo desestimó la postura chilena que planteó la idea de que Bolivia “había abandonado” ese pedido en La Haya.
“Bolivia no reclama ninguna deuda histórica en este procedimiento”, remarcó el jurista y precisó que “cualquier reclamación que exista sobre los usos pasados de las aguas del Silala será una cuestión de derecho privado entre el departamento de Potosí y la empresa FCAB (Ferroviaria Antofagasta-Bolivia), y quizá otras empresas chilenas por el incumpliendo de los términos y condiciones del contrato de concesión”.
Para cerrar la participación de Bolivia, Calzadilla dejó abierta la posibilidad de acudir a otras entidades para resolver el reclamo por el uso de las aguas que vulneraron el acuerdo inicial de 1809, cuando se construyeron los canales que permiten que el agua fluya hacia Chile. “Bolivia nunca ha abandonado el reclamo de la deuda histórica. Reitero la reserva de mi país para apelar ante los tribunales competentes sobre cualquier otro reclamo sobre las aguas del Silala, como el relacionado con la indemnización que debe la empresa FACB a Potosí”, puntualizó el agente de Bolivia en la CIJ.
En 2016, Chile demandó a Bolivia para que el máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) declare al Silala como un “río internacional de curso sucesivo” y reclamó un supuesto “derecho al uso compartido y equitativo” de esa reserva hídrica.
Dos años después, Bolivia respondió a la demanda de Chile con otra demanda y pidió a la CIJ que reconozca la potestad soberana sobre las aguas del Silala. Además, Bolivia planteó un acuerdo con Chile en caso de que este país decida seguir recibiendo el caudal de las aguas en la actual magnitud, unos 160 litros por segundo. Bundy afirmó que en el caso de las aguas superficiales no se requiere de un pacto, puesto que éstas deberían fluir de manera natural.
“Si Bolivia prefiere desmantelar la canalización y Chile prefiere el estatus quo por los beneficios que recibe, en ese caso tendría que haber un acuerdo entre las partes sobre los términos y condiciones en que se mantendría la infraestructura”, señaló Bundy.
“Esto incluye la compensación a Bolivia por los beneficios que Chile obtendría por seguir recibiendo el flujo superficial mejorado en lugar de tener que recurrir a las aguas subterráneas más difíciles de acceder”, remarcó.
Bolivia adjuntó a sus alegatos escritos documentación sobre la negociación bilateral respecto a la controversia de las aguas del Silala que surgió en 1999 tras la anulación de la concesión original.
Las pruebas también reflejan la intención de ambos de hacer “estudios compartidos” sobre esa reserva y otras que están en la frontera. Los papeles también tienen que ver con las compensaciones que Chile llegó a aceptar.
Entre los anexos de la memoria presentada por Bolivia existe una copia del “Acuerdo Inicial sobre el Silala” (preacuerdo) que fue consensuado en Santiago el 13 de noviembre de 2009 por el Grupo de Trabajo de las Aguas del Silala y Recursos Hídricos que se creó en 2004 con miras a la resolución de esta controversia. Allí, Chile acepta pagar por el 50% de las aguas.
La negociación de estas compensaciones, que Chile endosaría a las empresas privadas para abastecimiento humano e industrial, se ven reflejados en otras ocho actas, pero especialmente en el borrador final que se acordó el 28 de julio de 2009.
El pacto no prosperó por el rechazo de Potosí que demandó el pago del 100% de las aguas y el total de la “deuda histórica”.
Los alegatos orales en el juicio del Silala concluirán este jueves, 14 de abril, con una presentación de Chile. Tras esta vista judicial, los jueces de la CIJ se replegarán a deliberar el contenido del fallo que puede darse en noviembre.
En Potosí, el proceso legal sobre el Silala se siguió con pesimismo y esperan un informe del Gobierno.
Fuente: El Deber
