Según la Fiscalía, “se ha dictado una resolución sin la debida fundamentación, motivación y congruencia”.
El Ministerio Público de Santa Cruz presentó el lunes, 25 de septiembre, un recurso de apelación incidental contra la resolución del juez Roberto Parada Mole, que autoriza el retiro de los cordones del proyecto Buses de Transporte Rápido (BRT).
Alexánder Mendoza Santeyana, el fiscal de materia que investiga el caso, en su recurso explica que la resolución del juez causa “agravios a los derechos y garantías constitucionales y al debido proceso del Ministerio Público”.
El fiscal argumenta que la autoridad no siguió el procedimiento adecuado al elegir a un perito particular en lugar de solicitar una terna de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Además, el fiscal sostiene que la autoridad solo consideró las conclusiones del perito en algunos puntos de pericia ofrecidos por las partes, en lugar de valorar todos los puntos de pericia ofrecidos.
“En la presente investigación es necesaria la realización de un minucioso análisis de los actuados, elementos probatorios y del dictamen pericial, así como de una fundamentación que no solo se base en 3 puntos de pericia”, señala el documento.
En ese sentido, considera que “se ha dictado una resolución sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, y por ende se ha actuado en contrario sensu y ha realizado una incorrecta interpretación de la norma adjetiva penal y constitucional”.
El 25 de agosto, el juez primero de Anticorrupción, Roberto Parada Mole, ordenó a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, retirar los cordones del BRT que fueron colocados en el primer anillo de la capital cruceña.
Esta determinación de la Justicia se dio a solicitud de a Alcaldía cruceña dentro del proceso penal que se inició contra 10 personas que implementaron este BRT, entre ellas la exalcaldesa Angélica Sosa y los exfuncionarios municipales Rolando Ribera y Sandra Velarde.
Luego de conocerse la apelación a la resolución del juez, el concejal Manuel Saavedra, indicó que, de declararse procedente, sería “una muestra más de la improvisación e irresponsabilidad” de la administración del alcalde Jhonny Fernández.
“Ya les habíamos dicho de que estaban siendo irresponsables al adelantarse a las cosas, vendiendo humo, para mostrar una gestión inexistente. Todo está en suspenso porque se necesita una sentencia ejecutoriada, mientras, el hacerse aprobar una ley en el Concejo con los votos de UCS y el MAS, gastar en peritaje, poner presupuesto para retirar los cordones y el hacer licitaciones, es ser irresponsables y esta apelación lo está demostrando”, manifestó Saavedra.
El lunes 18 de septiembre, el mismo fiscal que presentó la apelación, informó que el Ministerio Público de Santa Cruz concluyó con la resolución conclusiva de la etapa preparatoria de la investigación por denuncias de irregularidades en las obras del BRT.
Informó que en esa resolución se acusó formalmente al exalcalde Percy Fernández; a la exalcaldesa Angélica Sosa; y a Rolando Ribera, exsecretario de Movilidad Urbana. También fueron señaladas otras siete personas, denunciadas por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y leyes.
“Una vez que el Tribunal correspondiente nos notifique presentaremos las pruebas correspondientes y posteriormente esperaremos que se instale el juicio oral público. De esta manera, el Ministerio Público pedirá que se los sentencie conforme a procedimiento”, afirmó Mendoza.
Fuente: El Deber
