El artículo 33 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales sería el respaldo jurídico para la decisión
El pasado viernes 29 de enero, el sector del transporte público y el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, se reunieron en la Alcaldía junto con otros sectores en una masiva concentración de organizaciones vecinales y del comercio que se apostaron en la plaza 24 de septiembre, en lo que se denominó como la primera “Asamblea Ciudadana”.
En la oportunidad, los transportistas aprovecharon para nuevamente exigir el retiro inmediato de los cordones del primer anillo, que inicialmente fueron construidos para el BRT (sistema de buses de transporte rápido) impulsado por la anterior gestión del Gobierno municipal. El servicio no se implementó y ahora las nuevas autoridades proyectan modificaciones.
“Nosotros exigimos que se retiren los cordones de inmediato. No sé qué está esperando el alcalde (Jhonny Fernández) si él es el administrador de la ciudad”, urgió Mario Guerrero, dirigente de transporte urbano.
Sobre el particular, Fernández ratificó que el BRT no va en el primer anillo y que los cordones impuestos como parte del proyecto serán retirados, para habilitar el tercer carril. Indicó que, de acuerdo a un informe de la Unidad Operativa de Tránsito, los bloques de cemento causan un promedio de 10 accidentes por día.
“Al alcalde no le tiembla el pulso y a pedido de todos los sectores, sí o sí van a salir esos cordones”, afirmó el burgomaestre. Además, en entrevista con el programa ‘Influyentes de EL DEBER Radio, indicó que contempla la posibilidad de convertir estas estaciones “en centros de covid, oficinas de turismo, información y cultura y otras alternativas que nos han ofrecido”.
Respaldo legal
El asesor de asuntos jurídicos de la Alcaldía, Ever Mérida, tras consultarle cuál sería el respaldo jurídico que optará el municipio para deshacerse de los separadores viales del BRT, ya que al ser un bien público hay que cumplir con ciertos procedimientos, respondió que actuarían de acuerdo al Artículo 33 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, además del Artículo 63 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública que respalda al primero.
El Artículo 33 dice: “No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riesgos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación”.
Ley de Movilidad Urbana
Fernández indicó que la Ley de Movilidad Urbana también será modificada. Adelantó que en la próxima semana se harán los ajustes y cambios a la mencionada norma para después enviarla al Concejo Municipal para su revisión y aprobación.
Con la reforma, la autoridad indicó que se brindará seguridad jurídica y que la concesión de rutas será hasta 20 años. Fernández afirmó que con la modificación a la Ley se conocerá dónde nace y dónde termina una línea de transporte público.
Por Eduardo Ruilowa
Fuente: El Deber
