Hubo un sobreprecio de 2.291.402 dólares que fueron repartidos entre cuatro personas.
“Son unos hijos de p… ya no responden”, fue el mensaje que envió un exfuncionario del Gobierno a Sergio Méndez, exjefe del gabinete del exministro Arturo Murillo, por el retraso del pago en el caso de gases lacrimógenos.
El exservidor envió este mensaje debido a que el Ministerio de Economía no había aprobado un pago electrónico a la cuenta en Estados Unidos de la empresa Bravo Tactical Solutions LCL, el 13 de marzo de 2020, involucrada en la compra de equipo antimotín.
Respecto al pago que debía realizarse hasta las 6:30 de ese día, Méndez le pregunto al exfuncionario si tenía noticias sobre el depósito y el individuo le respondió lo siguiente:
“Nada, pero son hijos de p… Ya no me responden. Nos quedan 45 minutos. Hasta las 6:30. Así que el Banco Central (de Bolivia) puede hacer el depósito. Pero el Ministerio de Economía no quiere para hacerlo”, se lee en la demanda interpuesta en Estados Unidos.
El 29 de enero de 2020, un banco de Estados Unidos rechazó la transferencia de 5.649.137 dólares desde cuentas del Banco Central de Bolivia (BCB); el pago era por el total de lo acordado entre el Estado boliviano y la intermediaria Bravo Tactical Solutions para la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal.
Cuatro días después de esa conversación, se depositó 3.976.902 dólares desde una cuenta del Banco Central de Bolivia (BCB) a una cuenta de la empresa Bravo Tactical Solutions en Estados Unidos. Un día después, esta firma hizo una transferencia electrónica a la empresa brasileña que ejecutó la compra. Se le pagó 3.357.735 dólares, que fue el valor real de la compra de los agentes químicos.
Los otros 2.291.402 dólares, según la investigación del FBI, fueron distribuidos entre Méndez, Bryan Berkman y Luis Berkman, dueños de Bravo Tactical Solutions, y Philip Lichtenfeld, quien operaba en Bolivia y Argentina, además del exministro Murillo.
Fuente: Página Siete Digital
