Chávez afirma que se coordina con su equipo legal para interponer la demanda civil y buscar la reparación del daño económico cometido.
El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, anunció este domingo que Bolivia instaurará una acción civil contra el exministro Arturo Murillo, quien actualmente está denido en EEUU, por los delitos de soborno y lavado de dinero.
“Con el Estado boliviano vamos a instaurar una acción civil en paralelo, es la instrucción que tengo y es lo que estamos haciendo. Hemos coordinado con nuestro equipo de abogados, la información ya está llegando a objeto que se instaure esta acción civil, para reparación del daño y cuantificación de los daños que se han hecho al margen de la devolución de los dineros, los daños que se ha hecho de todo tipo como los daños de imagen y otros, que son colaterales. Estamos trabajando en ello”, anticipó la autoridad en contacto con radio Cepra.
Dijo que, el presidente Luis Arce está informado de todo lo que está pasando sobre la situación legal de Murillo, para quien se fijó su audiencia legal para este lunes 7 de junio, aunque se anticipó que la misma sea suspendida para los siguientes días, datos que está sujeto a confirmación.
“El hecho que se investiga en la justicia de EEUU es diferente a la de Bolivia, no puede haber el juzgamiento de doble delito; mientras que, en Bolivia los procesos van a seguir, por eso es que se ha librado el pedido de extradición y que tienen que ser canalizadas en el marco del convenio vigente que se tiene con ese país, son temas apartes y no se puede vincular y por eso tenemos la tranquilidad de que se va a instaurar esa acción civil, al margen de las acciones penales que ya se han dispuesto por la Fiscalía”, detalló Chávez.
Mencionó que se buscará el resarcimiento de todo el daño económico a los bolivianos en época de pandemia, cuando en Bolivia todos estaban encapsulados, pero Murillo, junto a sus cómplices, estaban haciendo el intento de traspasar dinero, hecho se que se dio cuando incluso las fronteras estaban cerradas. “Mientras que, la gente estaba atemorizada por la pandemia de la Covid-19, Murillo y su gente estaba haciendo sus pagos a una empresa fraudulenta en un grave hecho de corrupción”.
El extitular de Gobierno, quien permanece aprehendido en el Centro de Detención Federal de Miami, y al menos otras cuatro personas están acusadas de una compra de armamento no letal con 2,3 millones de dólares de sobreprecio.
La operación involucró a una empresa intermediaria y el dinero fue enviado a cuentas en Estados Unidos, razón por la cual en ese país se abrió una investigación por lavado de dinero, que prosiguió con la detención de Murillo, desde fines de mayo pasado.
Fuente: Página Siete Digital
