La agrupación política sugiere, entre otros puntos, el reemplazo del fiscal general del Estado.
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, presentó este lunes una propuesta de acuerdo nacional que tiene por objeto “la paz y reconciliación” del país. El documento se basa en recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) y entre sus puntos incluye el cambio de fiscal general del Estado y un sistema de preselección de candidatos a jueces.
“Queremos proponer la firma, la suscripción, de un acuerdo nacional por la paz y la reconciliación, sin movernos un milímetro de las recomendaciones del GIEI y con el razonamiento que no podremos conseguir la reconciliación y la paz del país si no logramos resolver el tema de un juicio a las violaciones de derechos humanos y, simultáneamente, una modificación del sistema judicial que incluya al Ministerio Público”, expresó Mesa, en conferencia de prensa, junto a varios legisladores de la agrupación política.
“Queremos llevar adelante juicios de responsabilidad imparciales, justos, que garanticen la justicia para quienes fueron víctimas de los atentados a los derechos humanos sobre la base de la credibilidad y la imparcialidad. (…) Hemos establecido un máximo de 90 días para que se reforme lo básico del Ministerio Público y lo básico del organismo judicial”.
El acuerdo, que se dio a conocer previamente a los interesados, incluiría al Gobierno nacional y a los principales partidos de oposición que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Es decir, el Movimiento al Socialismo (MAS), CC y Creemos.
En concreto, la agrupación política propone tres puntos principales: 1) el cambio del fiscal general del Estado “a través de un mecanismo legal”; 2) la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estableciendo que tanto el fiscal general del Estado como los fiscales departamentales sean designados por dos tercios de votos en la ALP, previo concurso público de méritos; y 3) una reforma constitucional que habilite un sistema de preselección de candidatos a jueces, para garantizar la independencia del órgano judicial. Se plantea que los dos primeros se realicen en un plazo de 90 días.
“En el momento en el que se firme el acuerdo empiezan a correr los plazos. Tenemos 90 días para la modificación del Ministerio Público y órgano judicial, e inmediatamente después, empezamos con los juicios de responsabilidad”, subrayó Mesa.
“Es una propuesta de buena fe y con la voluntad real de cooperar para que el país cuente con un sistema rápido que permita lo más importante: la independencia, la idoneidad, la imparcialidad de quienes van a administrar justicia, en un caso tan delicado, que estamos convencidos debe resolverse. Que quede claro que nosotros creemos que la investigación y el desarrollo de juicios de responsabilidad son un imperativo, tanto y tan importante como el imperativo de la modificación del sistema judicial”.
El GIEI concluyó en su informe final que hubo vulneración a derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, tras una investigación de aproximadamente seis meses sobre los hechos de violencia ocurridos en el país entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Respecto al sistema judicial, el grupo de expertos identificó “problemas estructurales endémicos” entre los que se incluyen la falta de independencia en la administración de justicia, ausencia de garantías en el debido proceso, empleo arbitrario de la prisión preventiva y obstáculos de acceso a la verdad.
Fuente: Página Siete Digital
