En al menos tres casos hay contradicciones entre los montos propuestos y los adjudicados. El Gobierno presume que se descalificó a varias empresas para favorecer a otras y realiza auditorías especiales.
Contratos dirigidos, retrasos administrativos, contradicciones en los montos adjudicados e incongruencias en los plazos de los procesos de contratación son parte de las irregularidades encontradas en al menos 30 contratos de la gestión de Arturo Murillo como ministro de Gobierno. Los recursos usados en estas compras suman un total de 159,6 millones de bolivianos.
“En el informe de confiabilidad presentado esta gestión se encontraron más de 77 observaciones a los procesos de contratación que ahora son derivados a auditorías específicas y especiales”, señaló el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Por estos casos, dicha cartera de Estado inició 49 procesos administrativos en contra de 52 personas y cuatro penales en contra de otros siete funcionarios, entre ellos el exministro Arturo Murillo.
Contratos dirigidos
Según informes del Ministerio de Gobierno, en al menos nueve procesos de contratación hay indicios de que hubo un “direccionamiento” de las adjudicaciones, para favorecer a una u otra empresa. Entre estas contrataciones se encuentra la del caso “gases lacrimógenos”, por el que Murillo fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y sobornos.
Otro de los casos que llama la atención —y que no fue publicado en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes)— es la “Compra de equipos de seguridad para el comando estratégico” (caso 2, ver tabla). Una auditoría señala que ese proceso en curso fue anulado sin justificación, para luego realizar una contratación directa. Los chalecos antibalas adquiridos no pasaron las pruebas de balística.
Después de una revisión del Sicoes, se suman los casos 3 y 4, de “Servicio de alimentación (para el personal de erradicación) en el trópico y los Yungas”. En ambas convocatorias se solicitó un certificado del Senasag que —según las normas— no es indispensable. Solo la empresa contratada tenía ese documento.
La revisión de los procesos muestra que la adjudicada no comprobó la experiencia de su personal y los comensales se quejaron del mal estado en el que la comida era entregada. Antes a la adjudicación, la compra ya había sido anulada en una ocasión.
Según el Sicoes, en la “Adquisición de firewall para la Dirección General de Migración” (caso 8) y en la “Adquisición de repuestos Nissan para los vehículos de la Fuerza de Trabajo Conjunto en Chapare y Yungas” se descalificó a los oponentes de los adjudicados con observaciones que eran “subsanables”. En el caso de los repuestos, la convocatoria fue anulada dos veces y se usó una marca específica, algo esto está prohibido.
Lo mismo sucedió en el contrato del “Servicio de tornería para motorizados de la Felcn-Occidente, gestión 2020” (caso 30) y en la “Adquisición de uniforme militar multicam para la Fuerza de Tarea Aérea, Diablo Negros” (caso 10).
En el caso 27, de “Mantenimiento, reparación y overhaul en el extranjero para dos Motores Pratt & Witnery PT6A-41 y Accesorios” se incumplió con la invitación a los potenciales proponentes nacionales para proceder a una contratación internacional. No se registró la compra en el Sicoes.
“Se benefició a una empresa extranjera sin consultar si en el país había empresas que presten el servicio. No solo se generó corrupción, sino, la fuga innecesaria de divisas”, afirmó Del Castillo.
Plazos y papeles inconsistentes
Una revisión al proceso de “Adquisición de sables plateados para los futuros oficiales, Gestión 2020, de la Anapol” (caso 29) advirtió que la documentación se presentó en fechas irregulares. La evaluación de proponentes y la boleta de garantía -que debieron dar pie a la adjudicación- fueron hechas hasta tres días después de la firma del Contrato Administrativo 507/2020, rubricado personalmente por Arturo Murillo.
Algo similar pasó en la “Adquisición de bolsas de dormir para la tropa” (caso 6), donde hay adulteración de fechas en los documentos. En el caso de la compra de llantas para el parque automotor Felcn (caso 7), el contrato fue suscrito el 10 de septiembre de 2020 y la boleta de garantía recién fue presentada el 30 de septiembre. Además el monto invertido es menor al denunciado por el Gobierno.
“En la ‘Adquisición de cámaras de seguridad para el Conaltid, Cochabamba’ (caso 26), se advirtió que las especificaciones técnicas de la orden de compra no coinciden con las que requeridas en el Formulario 100, ni con las que fueron entregadas por la empresa. Se pagó por un servicio y recibimos otro”, dijo el ministro de Gobierno.
Asimismo, en la “Compra de un servidor y un microdata center” (caso 3), no hubo la resolución de inicio del proceso y el documento base de contratación no fue aprobado. Mientras que la “Adquisición de llantas para la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros” (caso 12 ), sufrió una ampliación del plazo de entrega sin justificación y no fue registrada en el Programa Anual de Contrataciones (PAC).
De acuerdo al Sicoes, en los procesos de “Adquisición de chamarras Multicam para Digprococa”, “Compra de talco para la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn, actual Diprevcon)” y la “Impresión de carpetas de trámites”, faltan respaldos de las evaluaciones hechas para la adjudicación.
Retrasos en la publicación de formularios
En ocho procesos hubo retrasos de hasta 56 días en el registro de diferentes formularios en el Sicoes. Los casos corresponden a la adquisición de uniformes, chamarras tácticas, equipos de computación, combustible, insumos y material de mantenimiento de activos fijos, repuestos para vehículos y equipos de aire acondicionado para Umopar.
En los casos 17, 18, 19, 21 y 22 (ver tabla) hubo retrasos en el registro del Formulario 100, que es el que contiene toda la información sobre el inicio del proceso de contratación, la cuantía y verifica si la compra está inscrita en el PAC, requisito número uno para iniciar un proceso de contratación.
El formulario 500 es el que cierra todo el proceso y almacena los datos de esta etapa. Sin embargo, este se retraso o estuvo ausente en los casos 21, 16 y 13 (ver tabla).
Llama la atención que el caso 15, de compra de equipos de computación para las direcciones departamentales y la Dirección General de Régimen Penitenciario, no haya sido publicado en el Sicoes.
Además en el caso 21, de compra de equipos de aire acondicionado, además del retraso en la publicación de los formularios, el precio referencial no se encuentra debidamente sustentado. Tampoco se registró el nombre del representante legal de la empresa.
“No sabemos cuál era el motivo porque no se transparentó esto. Esta conducta fue reiterativa evitando que se haga la fiscalización correspondiente”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Recordó que el Sicoes tiene la finalidad de difundir información para el control y la transparencia de los procesos de contratación. El omitir su uso atenta contra el derecho al acceso de información de la ciudadanía.
Anomalías en los montos adjudicados en cuatro contrataciones
Después de la revisión de la documentación, se advirtió incongruencias en los montos adjudicados de tres procesos. Una auditoría del ministerio alerta de un cuarto caso.
En el caso 9 de “Servicio de mantenimiento general del equipo de Citesc”, la adjudicada cotizó el servicio en 195.760 bolivianos, 2.000 menos que el precio referencial, lo que le dio la victoria. Empero, la firma del contrato se hizo por 197.282 bolivianos.
El contrato de la “Adquisición de accesorios de vuelo para la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros” (caso 24) señala que se adquirieron 89 guantes a un precio unitario de 337 bolivianos. Según ese dato, el costo total debía ser de 29.993 bolivianos, pero se pagó 33.553. En el informe de evaluación señala que el contrato debería ser por 193.753 bolivianos. Además la auditoría el Ministerio de Gobierno afirma que la empresa no tenía la certificación Air Force.
En el caso 25, de contratación del “Servicio integral de cadena logística para la flota de aeronaves de ala fija asignadas a la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros”, el monto de la adjudicación asciende a 30 millones de bolivianos. No cuenta con la resolución expresa que toda contratación mayor a 200 mil bolivianos debe presentar obligatoriamente.
En el caso 28, de “Servicio de aeronavegabilidad para cinco helicópteros AS332 asignados a la Fuerza de Tarea Aérea”, la auditoría de Gobierno observó que el contrato firmado con la empresa dura solo 108 días, es decir menos de medio año y dos meses deben ser para el pedido de repuestos. Según el Gobierno el contrato es desfavorable por que el servicio no corresponde a los 28,3 millones de bolivianos que cobró la empresa.
“Se ha realizado un contrato lesivo para el Estado. El objetivo era que las naves no funcionen”, sostuvo Del Castillo.
Por Leny Chuquimia / La Paz
Fuente: Página Siete
