“Ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”, dijo el presidente.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, negó este miércoles en una audiencia ante una comisión legislativa, con la presencia de la mayoría de congresistas del Parlamento, que la efímera Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) haya espiado a la ciudadanía y afirmó que su creación fue de “buena fe” para generar políticas públicas.
“Ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron”, aseguró el mandatario en la audiencia que se desarrolló en el recinto del plenario legislativo y que Alvarado ha calificado como una “interpelación velada” que irrespeta la Constitución Política del país.
Alvarado fue convocado para una extensa audiencia por la comisión legislativa que investiga la UPAD, creada mediante un decreto publicado el 17 de febrero de 2020 y que fue derogado por Alvarado el 21 de ese mes en medio de una lluvia de críticas que se centraban en su artículo 7.
Congresistas de oposición han afirmado que la UPAD pretendía espiar a las personas costarricenses y acceder a datos sensibles de la ciudadanía. Este caso también está siendo investigado por la Fiscalía, que en febrero de 2020 allanó la Casa Presidencial y decomisó dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles del gobernante.
Alvarado dijo en la audiencia de este miércoles que la UPAD pretendía colaborar, mediante el análisis de datos, en la creación de políticas públicas basadas en la ciencia, y nunca para beneficios particulares o de terceros, o con fines electorales. El presidente defendió la legalidad de la unidad y reconoció que el decreto fue derogado por la “confusión” que generaba la redacción del artículo 7.
“Si bien hubo un error de redacción en un artículo del decreto que permitía generar interpretaciones negativas y lejanas al objetivo perseguido, de buena fe, por razones de conveniencia y oportunidad, se procedió a derogarlo. Puedo venir a rendir cuentas con la tranquilidad de que en todo momento se ha actuado procurando exclusivamente el interés público, utilizando los datos y la ciencia para tomar las mejores decisiones posibles”, afirmó el presidente.
Durante la primera parte de la audiencia, los siete diputados de la comisión investigadora realizaron preguntas al mandatario acerca de los funcionarios que integraron la UPAD e incluso Pedro Muñoz, del opositor Partido Unidad Social Cristiana, dijo que la audiencia se trataba de un “juicio político”. Ante esa afirmación, la diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, alertó de que esa figura no se encuentra en la Constitución Política e hizo un llamado al orden.
La presidenta de la comisión, Silvia Hernández, negó cualquier intento de interpelación y defendió la legalidad de la audiencia al decir que se realiza en el Plenario Legislativo únicamente por razones de espacio ante la gran cantidad de congresistas que querían participar y para garantizar el distanciamiento en el marco de la pandemia de COVID-19.
DW.
