Crisis en puertas por el coronavirus. Mientras el Gobierno prepara la entrega de la Canasta Familiar que alcanzará a 1.600.000 hogares con menores ingresos en todo el territorio nacional y el “Bono Familia”, consistente en un pago de Bs 500 por cada hijo estudiante de primaria de unidades fiscales, las empresas e industrias del país están a punto de ingresar a una recesión económica que puede derivar en cientos de despidos de trabajadores y cierre de unidades productivas producto de la falta de un plan gubernamental que garantice la ‘reactivación’ del aparato productivo.
Los industriales, constructores, microempresarios y hoteleros están al filo de ingresar en una crisis. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo BLazicevic expresó a money.com.bo su profunda preocupación por los efectos económicos recesivos que actualmente experimenta la industria nacional en los 9 departamentos a consecuencia de la emergencia sanitaria del coronavirus.
El titular industrial demandó en forma urgente al Gobierno de la presidente, Jeanine Añez, medidas de estímulo fiscal para evitar la recesión de las actividades productivas industriales a escala nacional y planteó la creación de un Fondo de Estabilidad Productiva Industrial (FEPI) que tenga por finalidad evitar la iliquidez de las industrias y facilitar la producción industrial para el abastecimiento de productos en Bolivia en el periodo de cuarentena.
Entendiendo que en materia económica los tiempos son esenciales y las medidas deben ser tomadas en su justo momento para así evitar mayores problemas económicos, el presidente de los industriales realizó un llamado al Gobierno, y a todo su gabinete de ministros, para implementar medidas económicas y de estímulo fiscal tendientes a evitar la paralización del aparato productivo industrial con el consiguiente desabastecimiento de los mercados y la pérdida de empleo formal y productivo.
Las medidas de estímulo fiscal que presentará la CNI al Gobierno contemplan cinco temas: impuestos, créditos, tributarios, seguridad social, salarial y laboral.
El FEPI debe coadyuvar al financiamiento en condiciones blandas de plazo las obligaciones de pago de las actividades productivas de las industrias que se originen en los ámbitos crediticios, tributarios, salariales, de seguridad social de corto y largo plazo en el periodo que dure la emergencia sanitaria y de esta forma evitar la recesión económica, según Blazicevic.
Asimismo, los sectores de la construcción, hoteles y microempresarios exigen serios ajustes a las medidas de reprogramación de créditos por parte de las entidades financieras, ya que bajo las actuales condiciones no son beneficiados.
Por ejemplo, piden un diferimiento de pago de las cuotas de 6 meses o mayor, con pago de cuotas al final del periodo del crédito, sin intereses, ni multas ni sanciones con el objetivo de no entrar en una recesión.
Por su lado, Guillermo Cáceres, presidente de la Cámara Departamental de Hotelería de La Paz, considera que lo propuesto por el proyecto de Ley y las medidas anunciadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Gobierno son muy tibias, ya que su sector requerirá un diferimiento de al menos 18 meses para poder remontar la crisis que dejará la emergencia sanitaria mundial causada por el Coronavirus.
También agrega que la medida debe ir acompañada de una reforma en el sistema tributario que no asfixie a los empresarios.
Mientras que la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) en una misiva abierta a la presidente Jeanine Áñez, pide al Gobierno establecer nuevas fechas de vencimiento de los créditos, sin incrementar los intereses por unos 180 días y ajustar los préstamos productivos con una tasa de interés máximo del 5%.
Los microempresarios a través de su titular, Soledad Pérez, insisten en diferir el pago de los créditos bancarios en seis meses con el objetivo de reactivar el aparato productivo.
