La calificadora internacional Moody’s Investors Service bajó las calificaciones crediticias del Gobierno de Bolivia de B1 a B2 y cambió su perspectiva de negativa a estable.
La información se dio a conocer este martes en Nueva York. El documento especifica que, la decisión de rebajar las calificaciones de Bolivia refleja primero, la erosión de los amortiguadores en materia fiscal y cambiaria. Pero también las perspectivas a mediano plazo de crecimiento económico reducido, ingresos públicos más bajos, generación y ganancias de divisas más débiles en un contexto de demanda relativamente débil del sector de hidrocarburos y la incertidumbre política persistente.
La calificación crediticia es una puntuación que otorgan las agencias de rating a los créditos o deudas de diferentes empresas, gobiernos o personas, según su calidad crediticia, que mide la probabilidad de que esos créditos no se paguen.
Según los datos del Gobierno, la economía boliviana registró en 2019 su peor resultado en 19 años, con un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) de 2,2%. Al mismo tiempo, la inflación el 2019 fue de 1,47%, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los ministerios de Economía y de Planificación, junto con el Banco Central de Bolivia (BCB) suscribieron hace semanas atrás, el Programa Financiero revisado, que prevé una caída del PIB, de alrededor de -6,2% y una inflación de fin de período, en torno a 1,7%. Asimismo, las metas revisadas indican un déficit más alto, ampliamente justificado en la caída de ingresos y el incremento de gastos emergentes de esta crisis sanitaria.
La perspectiva estable refleja que, en el nivel de calificación B2, los riesgos para el perfil crediticio de Bolivia están equilibrados. Aunque el Gobierno que asumirá el cargo después de las elecciones presidenciales del 18 de octubre enfrentará desafíos materiales en implementar ajustes de política fiscal y reformas estructurales, la estructura de deuda favorable de Bolivia y el alto nivel de deuda la asequibilidad ayudará a mitigar los riesgos crediticios y respaldará su perfil crediticio soberano.
Al mismo tiempo, Moody’s redujo el techo de bonos en moneda extranjera (ME) a largo plazo de Bolivia de Ba3 a B1, su techo de depósitos de largo plazo en ME de B2 a B3 y sus límites máximos de bonos y depósitos en moneda local de Ba2 a Ba3. Se mantiene el límite máximo de los bonos a corto plazo en moneda extranjera y el límite máximo de depósitos bancarios a corto plazo en moneda extranjera sin cambios en Not Prime (NP).
La firma explica que, históricamente, los colchones de reserva fiscal y cambiaria de Bolivia han respaldado el perfil crediticio del país. Sin embargo, estos colchones han disminuido significativamente, lo que ha resultado en una erosión en materia de la fortaleza crediticia de Bolivia.
El colchón de ahorro fiscal del gobierno se redujo a alrededor del 10% del PIB en 2019 desde el 27% del PIB en 2013. Durante este mismo período, la deuda del sector público no financiero (SPNF) aumentó de 38% a 57,5% del PIB (Producto Interno Bruto).
Moody’s espera que la pandemia de coronavirus y los ingresos relativamente débiles del sector de hidrocarburos impulsen el déficit y deuda del SPNF hasta el 13,5% del PIB y el 72% del PIB, respectivamente, en 2020.
En línea con el previsto deterioro de las cuentas fiscales, los colchones de ahorro fiscal también disminuirán, reduciendo aún más un factor de apoyo del perfil crediticio de Bolivia.
Por otro lado, la perspectiva estable equilibra los importantes desafíos de política que enfrentará el nuevo Gobierno. Las fortalezas crediticias de Bolivia, incluido un colchón de ahorro fiscal disminuido, pero aún mayor que el de sus pares, una estructura de la deuda y acceso a financiamiento concesional multilateral.
Moody’s dice que elevaría la calificación de Bolivia si el Gobierno implementara ajustes de sus políticas para reducir los desequilibrios fiscales y externos y ayudar a fomentar un aumento sostenible de las divisas fiscales y extranjeras.
Moody’s rebajaría la calificación de Bolivia si los déficits fiscales y de cuenta corriente continúan ampliándose y las políticas gubernamentales resultan ineficaces para prevenir una mayor erosión de las reservas fiscales y de divisas.
El Deber
