A partir de este 9 de septiembre, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicia la administración de los aportes de las y los trabajadores del país. Con el inicio y cuando opere en su totalidad, se reducirá de cuatro a uno el pago de comisiones que se realiza con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que el inicio de operaciones de la Gestora diferirá del manejo que realizaban las AFP hasta la fecha e identificaron al menos tres grandes diferencias que se enmarcarán a favor de los trabajadores aportantes.
“Una diferencia se basa en el pago de las comisiones, con las AFP se pagan cuatro comisiones: 0,5% del total ganado de cada asegurado, 1,31% del total de pensión de cada jubilado, 0,85% del fondo de riesgos, y 0,2285% de los portafolios administrados”.
“A partir del funcionamiento total de la gestora cuando esto se dé en 2023 únicamente se va a cobrar una comisión para los asegurados, es decir, que los asegurados ya no van a tener la obligación de pagar distintas comisiones”, dijo la autoridad en el acto realizado en Casa Grande del Pueblo.
La otra diferencia tiene que ver con la generación de las utilidades. Montenegro dijo que las ganancias de las AFP tienen destino “a los privados y al extranjero”, mientras, lo que genera la Gestora irá a financiar el Fondo Solidario de Vejez “que busca mejorar las rentas de los jubilados con menores ingresos y van destinados al pago de la renta dignidad qué beneficia a todos los adultos mayores”.
Y la tercera diferencia está dirigida a la digitalización y la comodidad que se busca dar a los asegurados, a través de la cual se resolverá, mediante a la implementación de tecnología y mecanismos de atención digital, el constante problema de filas que se ven actualmente en las AFP.
“Esto se va a sumar a la habilitación de 31 oficinas en todo el territorio nacional con el objetivo de brindar una atención personalizada y de alta calidad a los asegurados y jubilados con personal capacitado y certificado por la autoridad de fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)”, detalló.
Recordó que la Gestora Pública inició sus operaciones en 2018 y desde ese entonces administra el pago de la Renta Dignidad, beneficio que llego a 1,1 millones de adultos mayores a julio de 2022, “lo que significa la atención al 9,5% de la población boliviana”.
También, dijo que, a mayo de este año, el SIP tiene 2,5 millones de asegurados, cuenta con 195.268 jubilados, de los cuales 133.771, el 68% del total, se benefician con la Pensión Solidaria de Vejez.
Dependencia
El presidente Luis Arce dijo que los trabajadores que quieran tener una renta de jubilación, a partir de la fecha, deberán afiliarse ante la Gestora Pública que desde hoy administrará los aportes. Además, dijo que, con la puesta en marcha de la nueva entidad, ya no se tendrá dependencia de la parte privada en el manejo de los aportes de los trabajadores para su jubilación.
“Hoy arranca con la inscripción de todos los nuevos aportantes al sistema, hoy se registran en el sistema de la Gestora Pública, creado en nuestro sistema de pensiones y, por lo tanto, ya no más dependencia del sector privado de las AFP de esa tecnología que en su momento nos impusieron a los bolivianos como si fuera la panacea para solución de las pensiones en nuestro país”, indicó.
Destacó que Bolivia, desde 2010, con la Ley de Pensiones 065, ya buscó cambiar el manejo de la administración de pensiones y que ahora América Latina está cuestionando sus sistemas de pensiones. “Tenemos que sentirnos orgullosos, somos pioneros en el sistema de pensiones y hoy damos un paso gigantesco en esa línea”.
Con la aplicación de la Ley de Pensiones 065 se bajó la edad de jubilación de 65 a 58 años de edad, norma que fue consensuada con la Central Obrera Boliviana (COB), destacó el mandatario.
Conquista
El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, dijo que el manejo de los aportes para la jubilación de los trabajos ahora está a cargo del Estado, lo que consideró como un triunfo de la clase trabajadora del país.
“La transición de la Gestora Pública al Estado está pasando con todas las conquistas sociales, vale decir que aquellos compañeros que perciben pensión por invalidez, por riesgo, no van a ser afectados”.
“Aquellos trabajadores que tienen renta vitalicia por riesgo profesional tampoco van a ser afectados o, finalmente, las viudas que perciben renta por el fallecimiento de sus maridos en sus fuentes laborales y se transformen en una renta vitalicia tampoco van a ser afectadas”, destacó.
Fuente: La Razón
