La Ministra de Trabajo afirmó que hay la necesidad de regular la “ilegalidad declarada” del uso de la fuerza mayor en caso fortuito, como causa de despido.
El Gobierno busca eliminar a través de anteproyectos de ley la figura legal de “fuerza mayor” que se usa actualmente como causal de despido a los trabajadores, además de prohibir el acoso laboral.
En el primer caso, el contenido está inserto en el anteproyecto de Ley de Principio del Derecho Laboral y Protección del Derecho al Trabajo, que fue consensuado entre el Ministerio de Trabajo y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).
“(…) Tanto el Ministerio de Trabajo como el sector de los trabajadores, a través de la COB, hemos consensuado la necesidad de regular la ilegalidad declarada del uso de la fuerza mayor en caso fortuito como causa de despido”, anunció ayer la ministra de Trabajo, Verónica Navia, que estuvo al frente de la comisión de normativa junto con la COB.
Con la norma, se prohibirá que los empleadores apelen a esta causal para el despido.
No obstante, la autoridad aclaró que se trata de un anteproyecto de ley que será entregado al presidente Luis Arce, quien dará su venia para que finalmente sea enviado a la Asamblea Legislativa y se proceda con su respectivo tratamiento.
La autoridad agregó que esa figura es el punto principal del anteproyecto y los otros artículos tienen que ver con la recuperación de los principios laborales.
Esto busca que no existan “interpretaciones ambiguas” de los jueces en materia laboral y se hagan cumplir los derechos laborales. “Estamos ratificando los principios constitucionales y otros establecidos en convenios internacionales en materia laboral; estamos ratificando la aplicación de la norma nacional como primigenia para la valoración de los derechos laborales”, puntualizó Navia.
Por tiempo y materia
El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, manifestó que se trabajó por tiempo y materia en el anteproyecto de Ley de Principio del Derecho Laboral y Protección del Derecho al Trabajo, que rescata y recupera los principios de defensa de los derechos laborales que han sido “vulnerados” en gestiones pasadas.
La Sentencia Constitucional 1088/2015-S1 señala que: “puede darse una ruptura del vínculo laboral por causas objetivas o bien causas de fuerza mayor, como aquella que puede darse cuando la situación económica de una empresa demuestra pérdidas o déficit financiero en más de una gestión, comprobada por los propios balances de la empresa que eventualmente podría concluir en una quiebra económica, lo que implicaría dejar sin fuente laboral a todo el personal de la empresa”.
Este medio publicó en julio de 2020 que al menos una docena de empresas, en todo el país, han despedido a sus empleados bajo la figura de “fuerza mayor” para evitar pagar los desahucios y otras obligaciones sociales.
En esa fecha, el asesor legal de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Marcelo Inchausti, indicó que las más de 10 compañías tratan de justificar los despidos que han realizado con el argumento de “fuerza mayor”, pero no han podido demostrar que han tenido pérdidas por más de una gestión.
Las otras normas
Por otro lado, el director de Trabajo, Arturo Alessandri, anunció que los trabajadores están próximos a tener una ley que los proteja de posibles conductas de acoso laboral por parte de los empleadores o autoridad jerárquica.
Explicó que el proyecto de Ley de Acoso Laboral es debatido en el Legislativo y previene 12 conductas, entre ellas: el abuso de poder que pone en situación de inferioridad y sometimiento al sujeto pasivo, que afecta sus derechos laborales.
También está la figura de negar la dotación de instrumentos, materiales, suministros e información necesarios para el desempeño del trabajo.
“Acoso laboral es asignar tareas o imponer deberes notoriamente desproporcionados a las funciones propias del servidor contratado”, dijo Alessandri.
Además del anterior proyecto, la COB también propuso a la Asamblea Legislativa las propuestas normativas de Derechos Adquiridos y de Estabilidad Laboral. Ambas son cuestionadas por los empresarios privados.
Juanito Angulo, diputado del MAS, informó que estas futuras normas aún se analizan en la Asamblea y no se aprobaron.
A la CNI le preocupan dos proyectos de ley
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) ve con “profunda preocupación” los proyectos de Ley 148/20 de Derechos Adquiridos y 149/20 que garantiza la estabilidad laboral para los trabajadores del sector público y del privado del país.
Los industriales señalan que ambos proyectos intentan “restringir el derecho de negociación entre los trabajadores y empleadores, y de prohibir la desvinculación por causales debidamente justificadas, vulnerando la normativa internacional y nacional laboral vigente”.
Los proyectos fueron redactados por la Central Obrera Boliviana (COB) y actualmente se encuentran en análisis en la Cámara de Diputados.
“En un contexto de crisis económica que refleja el fuerte descenso de las actividades económicas, plantear estabilidad laboral implicaría profundizar la crisis económica, paralización de las inversiones nacional y extranjera, cierre de las oportunidades para nuevos empleos y caída de las recaudaciones”, advierte la CNI.
El sector señaló que la pandemia de la Covid-19 destruyó 400.000 fuentes de trabajo y 70.000 en el sector industrial.
Fuente: Página Siete
