El director de Insumos Bolivia dijo que lo más irónico de esa operación, es que no se distribuyó ni un quintal de esa azúcar a la ciudadanía, a pesar de que, en ese entonces, existía desabastecimiento del producto en gran parte de los mercados nacionales.
“Lo irónico, es que, si bien llegaron 50.000 quintales y había un desabastecimiento local, no se repartió ni un solo quintal, siguen estando los 50.000 quintales en los almacenes de Oruro y El Alto. Lastimosamente esa azúcar ya venció su fecha de caducidad, entonces el daño al Estado es fuerte”, informó a la agencia ABI.
Se calcula, preliminarmente, que el daño económico al Estado boliviano esté entre 2,5 y 3 millones de dólares, tomando en cuenta que el producto, además, fue comprado con sobreprecio, precisó.
Zorrilla adelantó que luego de reunir más documentación se cursarán denuncias legales contra los responsables de esa operación que -dijo- es una de las muchas que se investigan en la institución.
Indicó que se enviaron muestras de esa azúcar a un laboratorio especializado en Tucumán (Argentina) para verificar si todavía es apto para el consumo humano, tras un debido proceso de refinación, que también le significará un gasto adicional al Estado boliviano.
Insumos Bolivia realiza una auditoría a los procesos que se ejecutaron en la institución, durante la administración del Movimiento Al Socialismo (MAS), y los resultados finales serán presentados a mediados de febrero, mencionó.
