Entidades del Estado deben Bs 700 millones a empresas constructoras

Observan recorte del monto destinado a inversión pública $us 4.006 millones (PGE 2023), menor en $us 1.009 millones, con relación a 2022. Hablan de ‘graves’ problemas económicos. Cementeras ven recuperación lenta.

La construcción encara un entorno turbulento. “La reducción de la inversión pública en infraestructura y la baja ejecución de lo presupuestado en 2022 son factores que frenan el crecimiento del sector, pero además la deuda de los tres niveles de Estado que supera los Bs 700 millones”, Así, el gerente general de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, contextualizó el camino ‘tortuoso’ que transita el sector en su deseo de lograr la ansiada recuperación. 

El funcionario señaló que las empresas constructoras encaran ‘graves’ problemas económicos y de liquidez por las planillas de avance de obra que continúan impagas por parte de algunas entidades públicas de los tres niveles del Estado. Las deudas se fueron acumulando desde Bs 2 millones en enero de 2019, Bs 53 millones para julio, hasta alcanzar los Bs 703,2 millones a octubre del mismo periodo.

Del total de la deuda pendiente de pago por concepto de planillas de avance de obra, Bs 224 millones corresponden a contraparte interna de construcción y rehabilitación de caminos, mientras Bs 479 millones son por financiamiento externo en construcción, rehabilitación, conservación vial y pre inversión. “A esto se suma la adjudicación sistemática de obras a empresas extranjeras”, expresó Arze. 

Desde el sector público admiten el atraso. Gary Hinojosa, director de Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, dijo que es posible que existan algunos atrasos que son normales por inicio de gestión, pero no hay una suspensión de pagos. “Cada caso en particular se debe analizar porque no hay una política generalizada para el sector”.

Asimismo, desde una entidad estatal – una fuente que pidió la reserva de su nombre- sostuvo que los 36 días de paro afectaron y por eso el trámite se hizo más largo, porque al ocurrir la protesta en noviembre todos los papeleos que tenían que hacerse ese mes no alcanzaron el tiempo previsto. Entonces, recién a mediados de febrero se inicia el año contable del sistema del Estado, lo que atrasa.

Se buscó la versión del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, pero no fue posible hasta el cierre de esta edición.

Menos inversión pública

En tanto que Arze observó que el monto destinado a la inversión pública del Presupuesto General del Estado 2023 es de $us 4.006 millones, monto que es menor en $us 1.009 millones (20% menos), con relación a 2022, cuando fue de $us 5.015 millones.

De acuerdo con datos preliminares del Sistema de Información de Gestión Pública, en la gestión transcurrida se alcanzó a una ejecución en inversión pública total de $us 2.634 millones. De ese monto, la administración central (Gobierno) ejecutó $us 2.015 millones, la departamental (gobernaciones) $us 210 millones y la local (municipios) $us 409 millones.

El Gobierno central presupuestó $us 4.006 millones para más 6.298 proyectos de inversión pública para este año. De ese monto, el 24% corresponde a infraestructura, 26% para el área social, el 9% para lo multisectorial y el resto para el sector productivo.

Adicionalmente, expuso que las empresas del sector enfrentan también una excesiva presión tributaria que agrava la situación. “Cadecocruz está gestionando reuniones con las autoridades del Servicio de Impuestos Internos para analizar alternativas de pagos”, apuntó Arze, al alertar que se debe tomar en cuenta que al no recibir pagos por planillas de obras y no tener nuevos contratos, enfrentan graves problemas de liquidez, incluso para cumplir con trabajadores y proveedores. La escasez de dólares -dijo- incrementó el precio de los materiales que se importan. 

El mes pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia registró un récord en la producción de cemento con 4.069.426 toneladas en 2022. Se trata de la mayor producción registrada en los últimos 31 años, según los datos disponibles de la entidad estatal desde 1991.

La producción es mayor a la reportada en 2021 que fue de 3.606.959 toneladas. En tanto que la venta de cemento sumó 3.831.881 toneladas en 2022, un 6,1% mayor a la de 2021, cuando registró 3.613.144 toneladas. 

Para Arze, las estadísticas de venta y producción de cemento en el país no son suficientes para decir que el sector constructor se encuentra genuinamente recuperado. “Los conflictos sociales de 2022 han ocasionado grandes pérdidas y problemas con la entrega de obras en el tiempo establecido, afectando a las empresas constructoras del país. Y este año, se enfrenta un escenario de inestabilidad económica y financiera debido al contexto mundial, la reducción de las reservas internacionales, de la inversión pública, las especulaciones del tipo de cambio, las reducciones de las calificaciones para el país”, puntualizó Arze.

Para Jorge Stratis, gerente general del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, comparado con las cifras prepandemia, la recuperación sectorial es lenta y permanente en el sector privado. “Sin embargo, la inversión pública no está acompañando”, complementó. 

Ciclo adverso en cementeras

En cuanto al desempeño de producción y venta de cemento en el mercado boliviano, desde Itacamba Cemento, el gerente general Marcelo Morales, afirmó que la evolución en estos años muestra una tendencia de recuperación. Sin embargo, anotó que el sector aún no ha llegado a los niveles previos a la caída, ya que el consumo y la producción fueron un 3% y un 0,3%, respectivamente, menos que el 2019.

El ejecutivo infirió que existe una tendencia de recuperación en el mercado que es importante asegurar, mediante la ejecución de obras de infraestructura y brindando señales de confianza y estabilidad, puesto que el desempeño del sector de la construcción está estrechamente relacionado con la macroeconomía del país. 

A juzgar por el gerente general de la Fábrica Nacional de Cemento, Ariel González, aún no se alcanzó los volúmenes de producción y comercialización de 2019, con una reactivación demasiado lenta de la industria, acompañada de una sobreoferta de cemento. “Actualmente, la demanda de cemento a escala nacional no llega ni al 50% de la capacidad instalada de las plantas de cemento”, subrayó.

González advierte que la situación se verá acrecentada con el inicio de operaciones de la planta estatal Ecebol Potosí. “En caso de no tener un incremento sustancial en la inversión pública, se puede prever una situación adversa para las cementeras del país”, anotó.

En tanto que Marcos López, gerente nacional de comercialización de Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), señaló que durante 2022 se mantuvo la progresiva recuperación del sector de la construcción, con mayor participación de la inversión privada, dado que la inversión pública tuvo una contracción importante que redujo su aporte a la demanda nacional de cemento.

“A pesar de esta leve reactivación postpandemia, el sector mantiene un grado elevado de complejidad por la sobreoferta de producto, y el continuo deterioro de los precios. Con este panorama, la situación de la industria cementera está lejos de ser la requerida por el sector que busca lograr sostenibilidad en el corto y mediano plazo”, enfatizó López. 

‘A media fuerza’
Desde la Federación de Trabajadores en Construcción de Santa Cruz, el secretario ejecutivo Raúl Huanca, indicó que la demanda de mano de obra se sostiene a ‘media fuerza’ denotando que obras menores contratadas por el sector privado mantienen con vida a albañiles y otros técnicos de ramas afines a la construcción. 

“Es hora que el Gobierno adjudique obras importantes a las constructoras nacionales para generar empleo formal”, dijo.

Fuente: El Deber

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