Fiscalía suma delitos contra el gobernador de Santa Cruz; ahora lo investiga por cohecho y seducción de tropas

Luis Fernando Camacho, durante sus primeras horas de detención en La Paz. Foto: AFP

El pedido fue realizado por el Ministerio de Gobierno y la exdiputada Patty. Inicialmente Camacho solo era investigado por terrorismo en grado de autoría.

La Fiscalía determinó ampliar la investigación contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por los delitos de cohecho activo y seducción de tropas, a solicitud del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y la exdiputada del MAS, Lidia Patty.

Hasta el momento la autoridad departamental era investigada por terrorismo en grado de autoría, dentro del proceso abierto por el supuesto ‘golpe de Estado I’, relacionado con los hechos registrados en 2019.

La decisión fue informada al Juzgado Décimo de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, donde radica el proceso por el que Camacho guarda detención preventiva de cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

“Señor juez, a efectos de control jurisdiccional pongo en conocimiento que el 4 de enero de 2023 se ha presentado memorial de ampliación de denuncia formulada por Daniela Norma Zabala Álvarez, directora general de Asuntos Jurídicos; Julisa Irene Durán Serrano, jefa de Unidad de Gestión Jurídica, y Hernán Kiffer Aranda, abogado de Unidad de Gestión Jurídica, como apoderados y en representación del Ministerio de Gobierno presentan memorial de ampliación de denuncia contra Luis Fernando Camacho por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y seducción de tropas”, indica el documento.

El artículo 127 del Código Penal sobre seducción de tropas establece: “El que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar”.

Mientras que cohecho activo del artículo 158 determina: “El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, será sancionado con la pena del Art. 145, disminuida en un tercio”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció el 4 de enero la ampliación de la denuncia, luego de mostrar presuntos depósitos desde cuentas de Camacho. Entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, se habría, transferido al menos 4.5 millones de bolivianos.

Fuente: El Deber

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