La primera vez, el pedido de extradición del exministro de Gobierno fue rechazado por no estar escrito en inglés. Es acusado de soborno y lavado de dinero en EEUU. En Bolivia tiene otras acusaciones.
La Fiscalía anunció que volverá a enviar a la Cancillería la solicitud de extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, que se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos acusado de sobornos y lavado de dinero. La primera vez fue rechazado porque el documento estaba escrito en castellano y no en inglés, lengua de la nación norteamericana.
“Estamos cumpliendo esas omisiones formales y ya está muy avanzado el tema de la traducción. Yo creo que en esta semana ya podríamos presentarlo. Son aspectos enteramente formales que en su momento estamos cooperando al Órgano Judicial para su cumplimiento”, indicó el fiscal Willam Alabe.
El 4 de junio, la Cancillería devolvió la solicitud de extradición de la Fiscalía al juzgado correspondiente para que corrija algunas observaciones que realizaron, como la traducción al idioma inglés por personas certificadas por ese país y una falta de coherencia en la tramitación, puesto que el petitorio de la Fiscalía requería la detención preventiva con fines de extradición, pero la jueza solicitó solo extradición.
La solicitud de la Fiscalía se enmarca dentro del caso gases lacrimógenos que se investiga por un presunto sobreprecio de más de 2,3 millones de dólares en su compra, donde los principales investigados son el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el extitular de Defensa, Fernando López.
A finales de mayo, se arrestó en Florida y Georgia (EEUU) a cinco personas, entre ellas el exministro Arturo Murillo. Todas fueron acusadas por los delitos de soborno y lavado de dinero por la adquisición irregular de elementos no letales para las fuerzas del orden de Bolivia.
El caso desató una ola de críticas al Gobierno de Jeanine Áñez y, en particular, a Murillo, por el millonario daño económico al Estado durante su gestión. Los agentes químicos fueron comprados mediante la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions, que fue la intermediaria.
Luis Berkman Littman y Bryan Samuel Berkman son los representantes de la empresa, que también son juzgados en el país del norte, pero en libertad tras pagar una fianza a la justicia estadounidense.
Caso López
En el caso de López, el fiscal Alabe indicó que la Fiscalía se encuentra realizando los trámites necesarios para la extradición del exministro de Defensa, quien se encuentra en Brasil y también es investigado en el caso ‘Gases lacrimógenos’, supuesta corrupción y daño económico al Estado.
Por: Esmir Cortéz Becerra
Fuente: El Deber
