Las gobernaciones de Tarija y Beni enfrentan dificultades económicas a consecuencia de las deudas heredadas de anteriores gestiones, del MAS. Este panorama obligó al gobernador beniano, Alejandro Unzueta, a tomar medidas urgentes, como la reducción de secretarías, bajar gastos y disminuir sueldos y salarios.
Mientras, el tarijeño Óscar Montes gestiona un crédito con la banca privada para concluir esta gestión, debido a que no pudo acceder a fideicomisos del Estado por sobregiro del endeudamiento.
“En el marco de la austeridad, hubo una reducción de 12 a nueve secretarías. Se redujo el sueldo del gobernador porque los recursos bajaron. No podemos seguir con niveles salariales elevados para que haya una sostenibilidad y distribución en las secretarías. No hay una masacre blanca ni despidos”, informó el Secretario de Planificación de la Gobernación de Beni, Freddy Daleney.
Los salarios elevados se redujeron en el 8% para evitar los despidos de al menos 40 servidores públicos. Sobre la fusión de secretarías se requiere la aprobación de la Asamblea Departamental. Disminuyeron los gastos por viáticos, alquileres de cuatro inmuebles y se ordenó ocupar oficinas más pequeñas, aclaró el asesor financiero de la Gobernación, Juan Carlos Áñez, en contacto con El Deber.
El mayor problema que enfrenta la administración departamental es la deuda por concepto de contrapartes en la construcción de carreteras. En julio, el gobernador Unzueta se declaró en virtual bancarrota debido a que durante la gestión de Álex Ferrier (MAS) hubo un sobregiro en la capacidad de endeudamiento al comprometer un aporte local de Bs 1.650 millones para la ejecución de seis proyectos viales. También advirtió el cierre por seis años de las oficinas públicas en caso de no lograr un pacto con el Gobierno.
De acuerdo a los antecedentes, en la gestión de Ferrier se firmaron contratos ofreciendo contrapartes de hasta el 30% sin tener la sostenibilidad financiera, vulnerando la Ley 2042, con sus artículos 298 y 300 con todos sus incisos. Los contratos tampoco fueron avalados por la Asamblea Legislativa Plurinacional ni de la Asamblea Legislativa Departamental.
A la fecha, se logró un acercamiento con el Ministerio de Planificación y con parlamentarios para encaminar un proyecto de ley que permita la subrogación de las deudas heredadas.
La Gobernación prevé aplicar otras medidas para superar la crisis, como la priorización de salud, minería y obras públicas. Sin embargo, la traba, según la Gobernación, está en el legislativo departamental, con mayoría del MAS, que debe aprobar el Plan Operativo Anual 2023 que también contempla una reducción del presupuesto para ese órgano. Los asambleístas deben aprobar hasta el jueves la propuesta.
“Lamentable el Ejecutivo quiere debilitar al máximo a esta Asamblea mintiendo en el número de funcionarios que tenemos. Pedimos nuestro POA de acuerdo a nuestro techo presupuestario que viene desde el 2010. No queremos aprobar un POA excesivo y es de Bs 22 millones”, aclaró el presidente de la Asamblea, Édgar Rea.
Crisis en Tarija
La situación económica de la Gobernación de Tarija es más crítica, aunque sus cuentas fueron descongeladas, al menos Bs 132 millones están en cuentas judiciales para el pago a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), luego de que fracasaran las ocho propuestas de planes de pago y otros acuerdos.
“Las cuentas se dejaron de congelar, pero ya nos quitaron Bs 132 millones que están en cuentas judiciales. En otros departamentos esto ha sido cancelado por otras formas de financiamiento y no se les ha cargado a los gobiernos regionales, acá nos cargan todo”, sostuvo el gobernador Óscar Montes.
El director de Políticas Públicas de la Gobernación tarijeña, Andrés Castellanos, explicó que la deuda fue adquirida en la gestión del entonces gobernador interino Lino Condori (MAS). Asimismo, aclaró que, además, heredaron una deuda de Bs 3.000 millones, de los cuales solo se ha podido pagar el 48%.
“Al conocer la deuda con ENDE solicitamos fideicomisos al Gobierno, pero después de haber cumplido todos los requisitos se nos rechazó. Hicimos numerosos planes de pagos, pero no hubo entendimiento con los ejecutivos de ENDE”, sostuvo el funcionario.
Ante este panorama, la máxima autoridad departamental lamentó que ahora deban recurrir a un crédito en la banca privada que implica un interés del 5% y no 2% como ofrece el Estado. Asimismo, el plazo de pago se reduce a 10 años.
En caso de que el banco no les dé el préstamo hasta la próxima semana para pagar en efectivo a ENDE, la justicia entregará el dinero retenido y Montes anunció la suspensión obligada de operaciones.
“Esas condiciones asfixian económicamente a nuestro departamento. Si querían que nosotros paguemos nos hubieran dado la facilidad de pago a través del FNDR, pero no lo hicieron. Ahora nos dicen ‘para compensar la disminución que tiene, acompañen los planes para ir a perforar Tariquía’. Está claro que esto tiene una intencionalidad política, no hay duda”, aseveró el gobernador.
Ayer Tarija cumplió un paro de 24 horas en rechazo del nuevo estudio de distribución del Campo Margarita-Huacaya que da ventaja de regalías para Chuquisaca. Esta medida implicaría, según los cívicos, pérdida de recursos para el departamento.
“Tarija pierde con este paro, según un cálculos, $us 10 millones. Nos quejamos que no hay recursos y hacemos perder dinero a nuestras familias. Evidentemente el próximo año va a haber una disminución de ingresos. Este año se emitió a Tarija por regalías $us 59 millones incluido el factor de distribución. Al año, Tarija recibirá $us 63 millones por regalías”, aseguró el coordinador gubernamental, Marcelo Poma.
Desigualdad y dependencia
Desde las gobernaciones de Tarija y Beni, con autoridades opositoras al Gobierno, coincidieron en que no son tratados con igualdad por el Ejecutivo, en comparación a otros departamentos con afinidad al oficialismo.
Para el exviceministro de Descentralización y especialista en autonomías, Fabián Yaksic, la “sobredependencia” económica de las gobernaciones con las transferencias del nivel central genera un panorama provechoso para tener un control político sobre las gobernaciones.
“Esa dependencia económica hace que el nivel de autonomía esté reducido, los márgenes de generar políticas son limitadas. También implica cierto margen de dominio del nivel central en términos políticos”, enfatizó.
Por otro lado, sostuvo que los créditos estatales no son de fácil acceso porque el principal requisito es demostrar la capacidad de repago de la deuda. En este caso, observó que la mayoría de las gobernaciones no tiene las condiciones para asumir deudas.
“Una modalidad que es un poco perversa, desde el nivel central, es que una buena parte de estos fideicomisos normalmente han servido para que las entidades autónomas puedan cubrir las contrapartes de proyectos, como rutas camineras de la ABC y que son casi impuestas”, explicó.
Yaksic apuntó que existe un 95% de “sobredependencia” cuyo problema radica en el diseño de financiamiento de las entidades autónomas que se debe reordenar y que no se actualizó desde la época de las prefecturas.
Por ejemplo, el presupuesto de la gestión 2022 para Santa Cruz asciende a Bs 1.275 millones, una cifra menor a 2021. Asimismo, la capacidad de recursos propios es poca, ya que existe una dependencia del 54% de las regalías de los hidrocarburos. Similar situación enfrentan Chuquisaca y Tarija que son los más afectados por la caída del IDH.
La senadora Centa Rek, de la alianza Creemos, coincidió con Yasik y agregó que por eso es vital llevar adelante el censo en 2023 que permita un nuevo pacto fiscal con los gobiernos regionales.
“Si las gobernaciones son dóciles y se adscriben a las políticas del gobierno van a recibir erogaciones para que puedan sobrevivir y castigar a las que quieren mantenerse más independiente. Es una forma de seguir sometiendo”, lamentó.
Fuente: El Deber
