Un nuevo proceso emerge desde el Gobierno de turno. El ex titular del Ministerio de Economía -durante la administración de Jeanine Áñez- es acusado de tres delitos. Mientras que las denuncias que pesan sobre Luis Arce no avanzan.
Después de la acusación presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima, contra el exministro de Economía del Gobierno transitorio, José Luis Parada, el Ministerio Público citó a la ex autoridad para impulsar la investigación que recae en su contra por presuntos delitos durante su gestión en dicha cartera de Estado.
Sin dar mayores detalles, Parada confirmó a EL DEBER que fue citado por el Ministerio Público para prestar su declaración informativa este lunes (19 de abril), a las 14:00, en las oficinas de la Fiscalía cruceña. En caso de no presentarse, la justicia expedirá un mandamiento de aprehensión. Sin embargo, Parada confirmó que asistirá a la citación.
Según el documento de citación, Parada sería investigado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La denuncia también alcanza a la expresidenta constitucional, Jeanine Áñez, y el ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte Reyes Ortiz.
La denuncia se centraría, según lo que se conoce a voces, en el contrato gestado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito cercano a $us 346 millones que estaría destinado a atender la emergencia sanitaria del Covid-19 y fortalecer el “precario sistema sanitario” (herencia de los 14 años del MAS), cuando el coronavirus azotaba al país y que no llegó a concretarse debido a la negativa de la Asamblea Legislativa del Gobierno transitorio que dominaba el Movimiento Al Socialismo (MAS).
De los $us 346 millones, $us 7 millones son el pago de capital ($us 19,6 millones por variación cambiaria) y $us 4,7 millones por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de $us 24,3 millones, según datos del BCB.
El tema generó controversia desde sus inicios debido a la necesidad de dichos recursos para hacer frente a la emergencia del Covid-19.
Al respecto, la diputada María José Salazar (Comunidad Ciudadana) dijo hace poco que el gobierno de Luis Arce Catacora prefirió devolver el préstamo del FMI por temas políticos antes que atender la salud de los bolivianos, en plena crisis sanitaria, cometiendo un atentado contra la salud.
“Aquí un ejemplo de lo que se pudo haber pagado con el dinero devuelto al FMI: 10 millones de vacunas, 4.500 ítems para médicos por un año, 10.000 enfermeras y auxiliares, 30 terapias intensivas completas y 7 aceleradores lineales para tratamiento contra el cáncer”, apuntó.
Desde diferentes esferas del masismo rechazan los acercamientos con el FMI, pese a que el propio líder del partido azul, Evo Morales, se ‘colgó’ de dicho organismo para resaltar las proyecciones de crecimiento de Bolivia con la nueva administración estatal y exteriorizar que este año podría haber pago del doble aguinaldo.
El FMI, en su más reciente informe, proyectó para Bolivia un crecimiento económico de 5,5 por ciento para la gestión 2021, lo que ubica al país como uno de los cuatro con más alta proyección en la región, luego de Perú, Chile y Argentina.
Deudas de la administración del MAS
Vale recordar que de 2009 a 2019 las deudas de las empresas nacionales estratégicas con el BCB ascendieron a Bs 69.332 millones de créditos, cifras calificadas por el ex ministro Parada (cuando fungía como autoridad) de “endeudamiento público irresponsable”.
“Este endeudamiento fue aprobado por los asambleístas de la bancada del MAS que en 14 años levantaban las manos para aprobar créditos y nunca vimos ningún cuestionamiento y ahora quieren saber qué estamos haciendo con los recursos del Gobierno”, criticó el titular de Economía al mencionar que tiene más de 50 peticiones de informe de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Y ahora están haciendo problemas por el crédito del FMI para atender el Covid-19. Si no se hubiera despilfarro de recursos del BCB, el país tendría dinero suficiente para hacer frente esta pandemia que puso de rodillas a las economías del mundo”, dijo Parada en ese entonces.
Los gastos en megaproyectos de dudosa rentabilidad son los siguientes (según datos del Ministerio de Economía):
– YPFB con Bs 26.385 millones
– ENDE, Bs 25.998 millones.
– Yacimientos de Litio Boliviano-YLB, Bs 5.375 millones.
– Mi Teleférico, Bs 4.720 millones.
– FNDR, Bs 4.720 millones.
– EASBA, Bs 1.832 millones.
– Sistema de Transporte Férreo, Bs 1.740 millones.
– Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, Bs 101 millones.
Las cifras fueron expuestas en la Audiencia Pública de Cuentas Inicial 2020 del Manejo de las Finanzas Públicas.
Denuncias contra ArceEl presidente Luis Arce Catacora tiene por lo menos cuatro denuncias por malos manejos económicos. En 2020, el gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, presentó una denuncia penal en contra de Arce por daño económico en dos contrataciones millonarias. El gobierno de Evo Morales pagó 3 millones de dólares como adelanto de un contrato valuado en 5,1 millones de dólares a Sysde, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido.
Ante el fracaso, contrataron a la colombiana Heinsohn por 10,4 millones de dólares para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de 1,6 millones de dólares anuales por la licencia y el código fuente.
Estas irregularidades salieron a luz después del desarrollo de auditorías internas y especiales, que involucran al actual presidente del Estado boliviano y otros funcionarios.
También está el caso del denominado Fondo Indígena por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros. En este programa, Arce permitió el depósito de dineros, recursos públicos en cuentas particulares, la mayoría dirigentes y personas ligadas al MAS. El desfalco al Fondo Indígena supera los 137 millones de bolivianos.
Otro denuncia se refiere por la transferencia de Bs 520 millones del BCB en los días de conflicto 7 y 8 de noviembre de 2019. En este caso también es investigado el expresidente del BCB Pablo Ramos.
Por otra parte, la Asociación de Defensa de los Fondos de Pensiones planteó también en 2020 iniciar un juicio de responsabilidades al exministro de Economía (y ahorapresidente) Luis Arce y al expresidente Evo Morales por la mala administración de los aportes laborales a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Entre los malos manejos que se hizo de los recursos de los aportes laborales está el sistema operativo que impulsó el gobierno del MAS y establece que 5 por ciento de ese dinero “tiene que ir a las empresas públicas”. Dentro de este proceso, se debería actualmente “5.000 millones de dólares a las AFP”.
Citan a Óscar Ortiz
El ex senador y ex ministro, Oscar Ortiz, también fue citado por el Ministerio Público a declarar, pero espor el caso Fundempresa. Brindará su declaración informativa en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz este lunes. Sobre el tema, la investigación se extiende al exministro Adhemar Guzmán, quien fue ministro de Desarrollo Productivo.
Por Alvaro Rosales Melgar
Fuente: El Deber
