Camacho no va a Trinidad. Considera que se trata de un escenario “político y no técnico”. Recordó que el “mandato del cabildo” es de hacer la encuesta el próximo año y respaldó al Comité Interinstitucional.
Día 14. El debate por el censo se va a Trinidad, la capital de Beni. El Gobierno prevé establecer allí la nueva fecha de la gran encuesta nacional, pero tras un debate nacional. El Comité Interinstitucional de Santa Cruz confirmó su participación para defender la viabilidad técnica del operativo en 2023 y no 2024 como lo dictaminó el Decreto Supremo 4760.
La mesa técnica se inaugurará mañana por la noche en el Centro de Convenciones de la capital beniana y el sábado, en instalaciones de la Universidad José Ballivián, comenzará el debate técnico “por tiempo y materia” hasta lograr resultados. “Que sea un trabajo rápido, de calidad, profesional, técnica y que al final nos pueda dar un resultado definido sobre la fecha del censo”. afirmó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, a tiempo de confirmar la agenda.
En Santa Cruz, personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) llegó ayer hasta la oficina del rectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) para entregar la invitación. El documento fue recibido formalmente por Manfredo Bravo, el coordinador del Comité Interinstitucional. Para la reunión de la semana pasada, una invitación similar fue pegada en la reja de la universidad “como cedulón”, lo que fue considerado una falta de respeto por autoridades de esa casa de estudios superiores.
Bravo explicó, según el tenor de la invitación, que el evento comenzará con un encuentro político. Espera así que se dé “un verdadero debate técnico” en el que no se crucen “intereses políticos” de los actores que fueron invitados a la cita, la mayoría del MAS.
Bravo afirmó que el INE solicitó la acreditación “de un técnico” de la Universidad para poder encarar la discusión de la fecha del próximo censo de población y vivienda. En todo caso, adelantó que viajará a Trinidad el equipo técnico que trabajó en la propuesta técnica del censo para octubre de 2023.
A la mesa técnica de Trinidad, un escenario que parece alejado de las tensiones políticas, también fueron invitadas las autoridades de las universidades públicas, las nueve asociaciones municipales, los alcaldes de ciudades capitales, además de la alcaldesa de El Alto, autoridades de los gobiernos indígena, originario, campesinos y los nueve gobernadores de Bolivia.
El INE también invitó a representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y el Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), una división especializada de la Comisión Económica de la ONU para América Latina (Cepal). Los expertos de ambas instituciones ya estuvieron el 11 de octubre en la reunión que se realizó en Santa Cruz cuando el INE presentó el cronograma del operativo censal sobre la base del observado Decreto 4760, la norma que postergó el empadronamiento del censal para un día entre los meses de mayo y junio de 2024.
La anulación de esa norma estuvo sobre la mesa, según reveló ayer el rector de Uagrm, Vicente Cuéllar, cuando mencionó que hubo “coincidencias” con el Gobierno durante las conversaciones del martes. La idea, entonces, fue establecer un preacuerdo para bajar la tensión y desactivar el paro indefinido que comenzó hace 14 meses. Pero, ese día, el diálogo no prosperó por efecto de la violencia que estalló en La Guardia. Había puntos coincidentes bajo los cuales deberíamos sentarnos a discutir y esos puntos pasaban por la abrogación del Decreto 4760 y que un (nuevo) decreto establezca cuándo se iban a conocer los resultados y desde cuándo se iban a repartir los recursos”, afirmó Cuéllar. El Gobierno ya anunció que iba aplicar los resultados del censo desde octubre de 2024 y no en 2025 como fue el plan que expuso el INE el 11 de octubre.
Pero Cusicanqui reprochó a los dirigentes del Comité por este fracaso y negó que existan contradicciones en el gabinete respecto al manejo del conflicto. El día que fracasó el preacuerdo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, defendió la operación policial que se desarrolló en La Guardia.
Dijo que se evitó “acciones por omisión” ante posibles enfrentamientos entre civiles como sucedió en la crisis política de 2019 y aseguró con vehemencia que el censo en 2023 no era viable. Horas después, desde el Ministerio de la Presidencia se emitió un comunicado con el que se señaló que la opinión del ministro Del Castillo no era la del Gobierno con miras a las conversaciones sobre el censo.
“Aquí estamos los miembros del equipo técnico. Seguimos sosteniendo que el censo sí se puede realizar el año 2023. Se ha hecho todo el análisis jurídico y tenemos los elementos que sustentan nuestra propuesta”, remarcó Cuéllar, quien viajará a Trinidad.
El presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, destacó por la mañana la liberación de los ocho jóvenes que fueron detenidos el martes en La Guardia, donde también fue agredido un periodista de la red de televisión Unitel.
También destacó el repliegue de sectores afines al MAS que habían partido desde San Julián para reclamar contra el paro indefinido. Por la noche, el escenario cambio, pues la marcha de San Julián se reactivó. Anoche la columna pretendía llegar hasta Pailón, pero los vecinos instalaron una vigilia para impedir su avance. Los marchistas estaban siendo custodiados por unas 20 camionetas de la Policía Boliviana, pero que tampoco pudo pasar la vigilia. “Queremos un diálogo sincero; ahora seguimos preocupados por una marcha que viene desde San Julián”, afirmó Rómulo Calvo. A esa hora, a los pies del monumento Cristo Redentor, se produjo un mitin protagonizada por los dirigentes cívicos de Santa Cruz.
Por la noche, vecinos de la zona sur acudieron a la refinería de Palmasola para permitir el ingreso y salida de camiones cisternas cargados con combustibles.
En La Paz, Flora Aguilar, las secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, dijo que los sectores afines al Gobierno no iban a levantar el cerco hasta que el gobernador Luis Fernando Camacho “no levante el paro”. De ese modo, apuntó a la autoridad para “que se haga justicia” por la crisis política de 2019. Los sectores movilizados del MAS piden la renuncia del gobernador cruceño.
“El Gobierno ha querido deslegitimar este movimiento por el censo por tema personal conmigo”, afirmó Camacho anoche a los periodistas. “Para que eso no se confunda, he estado apartado desde domingo, pero hemos expresado nuestro pleno respaldo al Comité Interinstitucional porque ellos son los técnicos”, afirmó.
El gobernador no irá a Trinidad porque entiende que ese es un escenario técnico. Dijo que el censo 2023 es el “mandato del cabildo” que se hará respetar.
Fuente: El Deber
