Diputados de la facción de Creemos, próxima a la UCS, presentaron otros proyectos y el rector de la Uagrm reaccionó. Legisladores de la alianza de Camacho explicaron que el MAS traba el debate.
Ya son 33 días de paro. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo ayer que la medida de presión provocó un reajuste en el calendario del próximo censo y, en ese marco, anticipó una evaluación junto al resto de las instituciones que la promovieron.
En este tono, afirmó que la región aún debe enfrentar otras peleas, esta vez cuando ya se conozcan los resultados de la encuesta.
“Es una batalla de las muchas que vienen: necesitamos un pueblo fortalecido”, apuntó el rector en una rueda de prensa en la que evaluó el estado del debate para que este reajuste del calendario censal anunciado por el Gobierno, sea elevado a una ley que es resistida por el ‘evismo’ del MAS.
“Santa Cruz ha ganado, porque le dobló la mano al Gobierno. Primero, porque consiguió que los resultados se entreguen en septiembre de 2024. Conociendo que los recursos se van a comenzar a distribuir en septiembre; sabiendo que cuando se conozcan los resultados del censo, esa información debe ser remitida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que sirvan en el cálculo de la nueva representación parlamentaria”, apuntó Cuéllar, luego de aclarar que su postura era la del rector y no del Comité Interinstitucional.
Luego de varios días de silencio, el gobernador Luis Fernando Camacho afirmó ayer que la clave del censo radica, precisamente, en la nueva fórmula para los escaños. “Evo no querés censo porque sabés que con los nuevos datos se superará las estructuras que te permitieron hacer fraude el 2019. Por eso ordenaste a tu bancada trabar el tratamiento de las leyes sobre el censo”, escribió la autoridad en su cuenta Twitter.
“El censo posibilitará redistribuir escaños y recursos para las regiones, municipios y universidades. También, la información del censo debe reconfigurar el padrón y la normativa electoral y evitar maniobras fraudulentas el 2025”, complementó Camacho.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), reveló que de los seis proyectos de ley de censo que fueron presentados hasta ayer, cuatro correspondían a Creemos, la agrupación que lidera el gobernador de Santa Cruz.
Sin embargo, ayer fueron presentado tres. Uno de los proyectos está firmado por los diputados Omar Rueda y Tito Caero (Creemos-UCS), otro está suscrito por José Carlos Gutiérrez y otros ocho diputados; uno más firmado por Tatiana Áñez, Walty Egüez y otros 11 legisladores.
“Vamos a conocer cuáles son los proyectos de ley, para que vean la división que hay dentro de la bancada de oposición. Uno viene por la bancada de Creemos; otra propuesta es de Omar Rueda y Tito Caero, y la tercera, que corresponde a otros diputados y tienen la tuición”, argumentó Jáuregui al referirse a los legisladores que responde a la UCS del alcalde Jhony Fernández.
“Por favor, unifiquen criterios. No podemos dejar abandonando a este pueblo y estar discutiendo nuestros proyectitos individuales, cuando lo correcto es coincidir un solo proyecto”, reclamó el rector.
La diputada Tatiana Áñez (Creemos) aclaró que es el MAS el que está torpedeando el tratamiento. “Ni si quiera han querido tratar su propio proyecto”, señaló para hacer notar la crisis interna que enfrenta el oficialismo. Exigió, en ese marco, que se cumplan los compromisos asumidos.
Por su lado, el diputado Erwin Bazán, también de Creemos, dijo que su agrupación retiró tres proyectos de ley y se buscaba unificar la propuesta con la bancada de Comunidad Ciudadana.
Desde Santa Cruz y de diversos frentes de la oposición acusaron al jefe del MAS de promover la “dilación” del tratamiento de la ley.
El MAS posee en total 98 legisladores de los que 21 están el Senado. De los 77 diputados que tiene, al menos 15 son parte de la llamada ala evista y quedaron al margen de la dirección de las comisiones para la legislatura 2022-2023.
La demanda cruceña, precisamente impulsada por este Comité, fue por un censo “oportuno, justo y transparente” y se concentró en la exigencia de que la encuesta se haga en 2023. Todo ello para que su resultado se aplique antes de las elecciones generales de 2025.
Entre el viernes y el domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, así como el titular de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, anunciaron el tratamiento de la ley del censo, una norma que contenga los compromisos que hizo el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregue los resultados del censo en septiembre de 2024.
Además, Cusicanqui, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y Jerges Mercado prometieron una “coordinación” para que se proceda a la reasignación de los escaños en el Legislativo y la delimitación de las circunscripciones electorales de acuerdo con los nuevos criterios de población.
Actualmente, La Paz cuenta con 29 diputados; Santa Cruz, 28; Cochabamba, 19; Potosí, 13; Chuquisaca, 10; Tarija, nueve; Oruro, nueve; Beni, ocho; y Pando, cinco. Precisamente, por el crecimiento poblacional, Santa Cruz espera obtener tres escaños adicionales.
Además, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país ya tiene más del 70% de su población en centros urbanos, un factor que es parte de la proyección política de las fuerzas que van a competir.
El segundo vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y el mismo Cuéllar ratificaron ayer la necesidad de que se tenga la ley del censo y reclamaron a legisladores del oficialismo y la oposición un “acuerdo racional por Bolivia”.
“Lo que tenemos que tener en mano es la ley y hasta que esté en la gaceta. No podemos confiar nuevamente”, afirmó el cívico, quien deslizó la idea de que la exigencia del año del censo pasó a un segundo plano porque el asunto de los escaños y la distribución de recursos está en el fondo de la pelea que comenzó el 22 de octubre.
“Entendemos que lo que buscamos son los resultados finales para tener una distribución justa y equitativa de recursos y de representación política. Por eso, es lo que estamos trabajando”, afirmó el dirigente cívico a la prensa.
“Obviamente, falta definir la fecha que es un mandato del cabildo. Sin embargo, todo forma parte de una sola propuesta. Será en los escenarios que correspondan, en este caso, en la Asamblea Legislativa donde se definirá (la fecha) a través del voto”, apuntó Cuéllar. “El pueblo necesita certidumbre y eso se lo va dar a través de una ley”, manifestó la autoridad.
El presidente Luis Arce firmó el Decreto 4824 con el que fija el empadronamiento del próximo censo para el 23 de marzo de 2024. El mandatario dijo que existen criterios técnicos que respaldan la fecha, aunque aseguró que se trata de una decisión “inclusiva” para que nadie quede fuera del recuento.
Además, afirmó que postergó el censo, inicialmente marcado para el 16 de noviembre de este año, porque para 2012 no se había realizado la actualización cartográfica estadística, un paso clave para esta encuesta.
La concejala cruceña Lola Terrazas, de la Alianza Comunidad Autonómica (C-A), informó, sobre la base de un informe del Banco Mundial (BM), que Bolivia erogó $us 14 millones para la actualización cartográfica de 2012 y de este modo puso en duda la declaración del jefe de Estado.
Esta semana, el Viceministerio de Comunicación lanzó una campaña con spots en los que se señala que el Gobierno hizo todas las propuestas para resolver el problema con Santa Cruz “antes del paro”.
El Decreto 4824 se firmó el 11 de noviembre, el día 20 de la medida, a partir de la mesa técnica que sesionó en Trinidad, precisamente durante la primera semana de la protesta. Eso sí, el 22 de octubre, el mismo día que comenzó el paro, el Gobierno propuso repartir recursos de la coparticipación antes desde septiembre de 2024, pero fue el 13 de este mes, 20 minutos antes del cabildo, que Cusicanqui lanzó la primera oferta sobre los escaños.
“Lamentamos la postura del Gobierno de no cumplir con sus compromisos. El presidente no quiere a Santa Cruz y ha demostrado ese odio y repudio mandándonos grupos delictivos. Tenemos una posición en la que ganen todos los bolivianos. Está en manos de ellos el tomar y decidir. Los llamados aquí son los oficialistas”, afirmó el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, quien dijo que la resolución del conflicto está, ahora, en la Asamblea Legislativa, pese a la desventaja frente a la mayoría del gobernante MAS.
“El paro continúa y en este momento no podemos aflojar. Estamos trabajando en tomar otras medidas importantes”, adelantó.
Fuente: El Deber
