Diez expertos proponen que se cree una Comisión Nacional de Postulaciones para seleccionar a magistrados y tribunos y así suprimir la elección judicial.
Un grupo de 10 juristas independientes de reconocida trayectoria presentó este miércoles una propuesta inicial para la reforma de la justicia vía referendo constitucional, para eliminar la elección judicial de magistrados y tribunos, aumentar el presupuesto para el Órgano Judicial a un 3%, revalorizar la justicia indígena e incorporar la “justicia ciudadana de paz”, entre otros aspectos.
“Ya no podemos ni debemos esperar nada del Estado y del Gobierno. Esa reforma tenemos que encararla y promoverla desde la sociedad y la gente. Para ello planteamos organizar y concretar un referendo vía iniciativa ciudadana para la modificación parcial de la Constitución Política”, se lee en la propuesta.
Los expertos explicaron que se busca cambiar la forma de elección de magistrados “para garantizar idoneidad e Independencia”.
Asimismo, “asignar un presupuesto digno al Órgano judicial, administrado por un nuevo Consejo de la Magistratura, y que, al tiempo de revalorizar la justicia indígena originaria, incorporemos la justicia ciudadana de paz”.
Quienes plantean esta propuesta son los juristas José Antonio Rivera, Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Samuel Flores, Gabriela Sauma, Juan del Granado, Marcelo Fernández y Soraya Santiago.
Proponen crear la Comisión Nacional de Postulaciones para que elaboren ternas cerradas sobre las cuales, en un primer momento, la Asamblea Legislativa, por 2/3 del total de sus miembros, nomine a los magistrados del Tribunal Supremo, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura.
“Uno de los principales efectos de la crisis del sistema judicial es la falta de independencia judicial, independencia de los magistrados y jueces, que tiene su origen en la alta injerencia política en los procesos de selección y designación, y es esto lo que pretendemos cambiar con la participación ciudadana, para que en adelante la designación de los magistrados jueces del sistema judicial estatal esté sustentado en la comprobación pública de la idoneidad, de la probidad de los postulantes”, argumentó Rivera, quien es vicepresidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales.
Además plantean que al menos el 3% del presupuesto general anual sea destinado al Órgano Judicial. También se propone revalorizar la Justicia indígena que, en su opinión, fue desvirtuada por el concepto y la denominada “ley de deslinde” y sugiere incorporar la Justicia de Paz, que sería impartida en centros urbanos, por jueces ciudadanos para resolver conflictos menores.
Al respecto, la especialista en Derechos Humanos y Derecho Constitucional Katia Saucedo señaló: “El 48% del total de municipios del país cuenta con un juez, datos del 2015, en 2019 se crean 100 nuevos juzgados y tenemos un juzgado tribunal por cada 11 mil habitantes; 50% de las causas que ingresan al sistema judicial no son resueltas en la gestión que ingresan, es decir, que hay una mora permanente del 50% de las causas cada año. En Bolivia existe un 70% de presos sin condena (…) el presupuesto del órgano judicial oscila entre el 0.32% y 0.39%”.
La propuesta plantea modificar más de una decena de artículos de la Constitución Política del Estado y para impulsar un referendo se debe recolectar el 20% de firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
Fuente: Página Siete Digital
