La cooperación internacional ha sido clave para que Colombia pudiese gestionar la llegada de migrantes y refugiados venezolanos. Ahora el país se encamina a una regularización masiva.
El anuncio del presidente colombiano, Iván Duque, de un proyecto de regularización masiva de inmigrantes y refugiados venezolanos en Colombia mediante un estatuto temporal de protección (ETPV) ha generado enormes expectativas, también fuera del país. La iniciativa, calificada de histórica, podría poner al país caribeño a la vanguardia mundial en materia de gestión migratoria y convertirse en un ejemplo capaz de inspirar a otros países en la región y en el mundo.
Colombia es el principal receptor de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina. Del alrededor de 1,73 millones de venezolanos que residen actualmente en Colombia, según datos gubernamentales, unos 966.000 están en situación irregular.
Son muchas las organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno para prestar ayuda a los venezolanos en Colombia. Algunas de ellas apoyan financieramente proyectos locales, mientras que otras desarrollan sus propios proyectos en ámbitos como la salud, la educación o la integración socioeconómica. Entre ellas están algunas alemanas, como la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán) o el capítulo alemán de Aldeas Infantiles SOS.
Según la herramienta de seguimiento financiero desarrollada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el Plan de Respuesta de 2021 para Migrantes y Refugiados de Venezuela ha recibido al día de hoy solo un 2% de las donaciones internacionales que necesita.
Lara Prölß, referente para América Latina de Aldeas Infantiles SOS, considera que, junto con las consecuencias del conflicto en Colombia y la pandemia de COVID-19, la situación de los venezolanos sitúa a Colombia en una “triple crisis”. Es por ello que, dice a DW, “Colombia necesita más que nunca el apoyo de organizaciones internacionales y otros países para poder afrontar todas esas problemáticas”.
Carsten Schüttel, quien está al frente del proyecto de la GIZ para ayudar a los venezolanos en las zonas fronterizas de Colombia, valora en conversación con DW que “Colombia ha sido un país de acogida muy generoso en una de las mayores crisis migratorias del mundo” y subraya el esfuerzo realizado por parte de la cooperación internacional, más allá de la ayuda humanitaria, en el ámbito de la integración socioeconómica.
¿Sale Colombia ganando también económicamente?
Cada vez hay más datos que apuntan al beneficio neto para la economía colombiana de la regularización de los venezolanos. Según un análisis que recién hizo público la agencia de calificación Moody’s, la medida aumentará el potencial de crecimiento de Colombia mediante la eliminación de barreras para la formalización de los trabajadores venezolanos y la expansión de la población en edad laboral.
“El efecto más importante de la regularización es que puedan trabajar en sus áreas de especialización, hoy en día todavía hay casos de médicos, enfermeros o abogados sirviendo tinticos”, dice a DW Jeffrey Villaveces, director de país de iMMAP, una organización especializada en proveer información a los actores del ámbito humanitario
Moody’s, que ha estudiado el impacto económico de la iniciativa, señala que aunque el Gobierno colombiano enfrentará costos fiscales adicionales al principio, todo indica que en el mediano plazo los beneficios superarán a los costos. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional espera que la migración dé lugar a un aumento del PIB del 0,6% para 2023.
Para Villaveces prima el carácter pragmático de la decisión de dar respuesta a la situación de estas personas: “De todas maneras van a estar acá, por lo que la pregunta no es Colombia con o sin venezolanos, la pregunta es Colombia con o sin venezolanos en la economía formal”.
¿Política migratoria o de asilo?
Pero el diablo está en los detalles. Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, advierte en entrevista con DW de la necesidad de diferenciar entre la política humanitaria y migratoria a la hora de determinar quién se hace cargo de la población venezolana en Colombia.
Según los expertos de dicha institución, existe una discrepancia entre el anuncio de Duque (que habla del ETPV como una “figura complementaria al régimen de protección internacional de refugiados”) y la perspectiva de regulación migratoria que refleja el proyecto de decreto.
“Si se decide establecer una política con una visión humanitaria, de protección internacional dentro del marco internacional de los derechos de los refugiados, el país no debería tener por qué cargar con todo el peso de esa responsabilidad”, explica Bolívar, ella misma refugiada venezolana en Colombia. En ese caso, sí tiene sentido la cooperación internacional. Este enfoque -el de la protección internacional- es, a su juicio, lo que cabría esperar de la situación de los venezolanos en Colombia y lo que daba a entender el anuncio de Duque en conjunto con el alto comisionado de la ONU para los Refugiados.
No obstante, la investigadora critica que “la cooperación internacional no puede financiar políticas migratorias, porque son asunto del Estado”, al margen del marco jurídico internacional en torno al derecho de asilo. La cooperación internacional no tendría, en su opinión, que financiar una decisión de política migratoria.
Deutsche Welle
