Agencias de bolsa, las SAFI, aseguradoras, titularizadoras, almacenes de depósito y firmas de arrendamiento pagarán más impuesto a las utilidades este año.
Seis nuevos sectores en el ámbito de valores y seguros, fuera de los bancos, deben pagar la alícuota adicional del 25% al impuesto a las utilidades de las empresas (IUE), según dispone el Decreto Supremo 4646.
Esta norma reglamenta la Ley 1413 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 y el sector asegurador y un analista señalan que la obligación rige para las utilidades generadas en 2021.
La disposición adicional cuarta del Decreto señala que se modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 3005 de 30 de noviembre de 2016, Reglamento para la Aplicación de la Alícuota Adicional del IUE Financiero.
“Los sujetos alcanzados por la AA-IUE Financiero son las entidades de intermediación financiera, empresas de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósito, sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI), agencias de bolsa y sociedades de titularización reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), entidades aseguradoras y reaseguradoras reguladas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 ter. de la Ley 843”.
En la Ley del PGE 2021 se estableció la obligación del IUE adicional para estos sectores siempre y cuando su rentabilidad supere el 6%.
El gerente de la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA), Justino Avendaño, indicó que la disposición ya regía en la Ley del PGE del año pasado, pero se hará efectiva ahora si las empresas reportan utilidades de la gestión 2021.
Añadió que se deben ver las cifras de las empresas porque debido a la pandemia de la Covid-19 muchas compañías de seguros de vida tuvieron mayor cantidad de siniestros. Esto puede disminuir sus utilidades anuales.
Según Avendaño, una mayor carga impositiva incide en una menor distribución de utilidades a los accionistas o no se podrá aumentar el patrimonio que es importante en las aseguradoras para tener solvencia.
El exgerente de la Bolsa Boliviana de Valores Armando Álvarez opinó que la obligación es aplicable a los resultados 2021 de las empresas.
Sin embargo, el experto observó que un mayor cobro de impuestos reduce la rentabilidad de las compañías y las desincentiva a capitalizar las utilidades que generan y puede conducir a que busquen otras opciones de inversión.
En su criterio, con la medida el Estado busca generar mayores ingresos para financiar el gasto del sector público.
De acuerdo con Álvarez, en 2020 hubo una menor demanda de financiamiento de las empresas en el mercado de valores y el año pasado mejoró algo, pero el Gobierno es el que más está captando los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Esto resta financiamiento a las empresas privadas y no hay nuevas emisiones de bonos.
Fuente: Pagina Siete
