Analistas y organizaciones de aportantes identificaron conflictos de interés en el manejo estatal de los fondos del sistema integral de pensiones. La Gestora asegura que todo se realiza en el marco de la ley.
Suman los cuestionamientos a la administración estatal de los fondos de pensiones. Las cooperativas mineras anunciaron que desde mañana jueves iniciarán medidas de presión si hasta hoy miércoles no son convocados por el Gobierno para que les informe sobre la forma en que garantizarán los aportes del sector.
“Exigimos la paralización de la implementación de la Gestora Pública (…). Damos 48 horas para que nos convoque el Viceministerio de Pensiones y para que nosotros como sector podamos hacer conocer nuestra molestia. En caso de que no nos atiendan, vamos a salir en movilizaciones y marchas. Es la única forma de hacernos escuchar”, afirmó Octavio Ramos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
El dirigente explicó que los cooperativistas mineros rechazan la administración pública de los fondos de pensiones debido a que “el Estado nunca ha sido un buen operador”. Lamentó, además, que no se haya socializado con el sector el proceso de transferencia de la información de sus aportes.
Fencomin se suma así a otros sectores que hasta el momento pusieron en duda la capacidad de una empresa pública como la Gestora para administrar los aportes de los trabajadores.
Otra organización con una posición similar es la Asociación de Defensa de los Ahorristas del Sistema Integral de Pensiones (Asodasip), que junto a otras 10 agrupaciones de aportantes emitió un pronunciamiento en el que, entre otros puntos, demanda la modificación de la Ley de Pensiones.
“Exigimos la incorporación de un acápite en el que se establezca el mecanismo de protección de los ahorros en el Sistema Integral de Pensiones ante la circunstancia de que la inflación sea mayor al rendimiento obtenido por las inversiones que se realizan con los diferentes fondos”, cita.
Estas dudas han hecho que los trabajadores pidan también ser parte del directorio de la Gestora e, incluso, tener una representación mayoritaria en esa instancia.
Al respecto, el gerente general de la Gestora, Jaime Durán, dijo: “La ley es clara. No se establecen restricciones a los compañeros representantes de los trabajadores; eso está abierto, (pero) tienen que cumplir los requisitos de ley. Cualquier observación específica de la conformación del directorio, se lo tiene que ver más adelante”.
La capacidad estatal para administrar el sistema de pensiones no es lo único que fue puesto en duda en estos días. También se identificaron conflictos de intereses por el rol que la Gestora desempeñará en el futuro de los bolivianos.
Con la Gestora, el Estado, que ya es el regulador, el principal deudor de aportes y la entidad que más inversiones capta del SIP, se convierte también en el administrador de esos recursos, observó el analista Armando Álvarez.
Además, la Constitución, que no tiene efecto retroactivo, indica que la obligatoriedad de que los aportes para la jubilación sean administrados por la Gestora es aplicable para los que se afiliaron al sistema luego de 2009. “No es el caso de los más de 1,2 millones de trabajadores que se encontraban afiliados a las AFP antes de la Constitución”, aseveró.
Consultado sobre el tema, Durán indicó: “Estos sistemas operan bajo el principio de unicidad, eso quiere decir que se debe tener un mecanismo mediante el cual podamos administrar la totalidad de los aportes de los trabajadores, porque eso hace que sea más eficiente. Dado que los derechos de los trabajadores se van a ir consolidando a medida que la gente se vaya jubilando, entonces, a nuestro criterio, la primacía de la Constitución se refiere a eso”.
Fuente: El Deber
