Los empresarios plantean eliminar aranceles para evitar contrabando

Foto: ABI

La eliminación de aranceles para la importación de productos que no se fabrican en Bolivia es una de las propuestas que realiza la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en busca de una alianza con instituciones del Gobierno para enfrentar el contrabando, un problema que se ha agudizado en los últimos años y que afecta a la economía y salud del país.

La exención arancelaria incentivará la formalización de quienes internan línea negra —por ejemplo— de manera ilegal, reducirá los precios de estos artefactos en el mercado y significará mayores ingresos para el Estado, a través de los impuestos a las Utilidades de las Empresas, al Valor Agregado y a las Transferencias, detalló Ian Miranda, jefe de Investigación Sectorial de la Cainco.

Medidas similares implementadas en países como Colombia, dinamizaron la economía formal y ofrecieron seguridad a los compradores, que ahora acceden a productos con garantía, agregó.

El planteamiento se enmarca en la matriz de sugerencias que presentó la Cainco a instituciones estatales para enfrentar una actividad que se ha intensificado en los últimos años, producto de factores externos e internos.

Entre otras propuestas están la intervención sistemática y efectiva en pasos ilegales, en coordinación con las Fuerzas Armadas (FFAA); operativos “ejemplificadores” de decomiso y destrucción de productos de contrabando en mercados informales de zonas urbanas y periurbanas; la reducción de la cantidad de UFV que se toma en cuenta para tipificar el delito; y la ampliación de las competencias para la lucha contra el delito de municipios, Senasag, Agemed y otras reguladoras.

Estas sugerencias se lanzan en un momento en que el contrabando crece a un ritmo interanual cercano al 20%, “un índice muy alto y sensible para la economía nacional”, según la Cámara Nacional de Comercio (CNC); y mientras ilegalmente ingresan al país más de $us 1.360 millones solo en 17 categorías de productos, monto que representa una afectación del 3% del PIB de Bolivia y $us 150 millones menos en ingresos tributarios, de acuerdo con la Cainco.

Esta menor entrada de dinero por impuestos “desestabiliza las finanzas” del Estado y reduce la disponibilidad de recursos para la inversión pública, “lo cual genera indicadores negativos en el desarrollo económico y social del país”, sostuvo el gerente general de la CNC, Gustavo Jáuregui.

Miranda detalló que el comercio ilegal no solo golpea a toda la cadena de valor del sector privado y a las fuentes de empleo que genera, así como a las recaudaciones del Estado, también afecta a la salud de la población y está empezando a impactar en la producción de las empresas públicas.

YPFB es un caso, ya que comercializa los lubricantes automotrices que fabrica en un mercado en el que el 25% de esta oferta proviene del contrabando.

El economista Germán Molina observó que, en el corto plazo, el impacto del contrabando en la economía se traduce en el mantenimiento de precios bajos en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pero va reduciendo la generación de empleos y la producción nacional, que no puede competir contra esos precios.

“La perspectiva es que este problema continúe, ya que para el actual modelo económico no es de vital importancia evitar este comercio ilegal, que hace que la tasa de inflación baje”, apuntó.

El economista Róger Banegas coincidió con lo anterior y agregó que los precios de la mercadería ilegal son entre un 25% y un 70% más bajos que los de los productos hechos en Bolivia.

“El contrabando es un síntoma de un mal mayor: la informalidad”, y actualmente “no es un hecho aislado, está relacionado con el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas”, apuntó a su vez el ejecutivo de la Cainco.

Según un estudio de esa cámara empresarial, el contrabando ingresa al país de tres formas. La primera es de manera organizada, por vías alternas, en las que no hay ningún control, y por vías habilitadas, a través de la subfacturación y declaraciones falsas de importación. La segunda es el ‘sistema hormiga’, en la que incluso participan poblaciones enteras. La tercera es el camuflado en carga, que es menos frecuente.

Las acciones de contención de la Aduana son positivas, pero “es muy poco probable que así se elimine este mal”, expresó Jáuregui.

Bolivia lidera la “tolerancia” al comercio ilegal

“Tenemos el umbral más alto en la región para considerar al contrabando un delito”, subrayó Ian Miranda, jefe de Investigación Sectorial de la Cainco.

El Código Tributario de 2003 contemplaba una sanción de tres a seis años de cárcel cuando el valor de los tributos omitidos sea superior a las 10.000 unidades de fomento a la vivienda (UFV), lo que significaba que se consideraba delito cuando el valor total de la mercadería era de $us 13.420.

Pero desde 2018, después de diversos ajustes a los años de privación de libertad y a la cantidad de UFV, esa norma establece prisión de 8 a 12 años cuando el valor de los tributos omitidos sea mayor a las 200.000 UFV ($us 83.890 al tipo de cambia actual); es decir, cuando el valor total de los productos ilegales sea de más de $us 687.565.

En Colombia el contrabando se considera delito cuando el valor del tributo omitido es de $us 1.330, en Chile de 1.638, en Ecuador de 4.000 y en México de 43.606. En Paraguay hay decomiso o cárcel más multa si el tributo omitido es mayor o menor a los $us 500 en valor FOB.

Ibo Blazicevic, ex presidente de la Cámara Nacional de Industrias, recordó que el valor de 200.000 UFV en Bolivia se definió en la Ley Financial de 2009. “Existen versiones de que este cambio se realizó luego de un incidente en Pando con el ingreso de 33 camiones”, en el que presuntamente estaba involucrado el ex ministro Juan Ramón Quintana. “Sin embargo, pese a las múltiples gestiones de las cámaras empresariales e incluso de autoridades como el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y el presidente del Senado (Andrónico Rodríguez), no existe ningún avance en el tema, con el perjuicio que representa para la industria”, indicó

Fuente: El Deber

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