Vanos fueron los argumentos que expusieron los opositores para mejorar el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) porque el rodillo masista se impuso y modificó uno de los 18 artículos y las 24 disposiciones finales de esta norma. El proyecto pasó al Senado para su revisión. Después de 14 horas de debate, los diputados aprobaron a las 04:15 de este jueves el proyecto de Ley del PGE.
Los legisladores opositores plantearon modificaciones a nueve artículos con redacciones alternativas o correcciones de texto, pero la mayoría oficialista no escuchó ninguna propuesta y aprobó el proyecto tal como fue remitido desde la comisión de Planificación.
“Tengo la certeza de que esto es estéril, es como arar en el desierto (…) pero voy a estar aquí hasta que se necesite, porque si no nos escuchan por lo menos nos van a tener que aguantar”, dijo el diputado Miguel Roca (CC) que fue el que más observaciones realizó.
El artículo 6 fue el primer observado y la diputada Marina Morales, cuestionó que los recursos no ejecutados por las entidades del Estado sean revertidos al TGN, poniendo en riesgo a municipios, gobernaciones y universidades. El oficialismo dijo que esa pregunta debía hacerse al ministro de Economía, Marcelo Montenegro que ya había abandonado el hemiciclo parlamentario.
El artículo 11, que fue el más debatido, autoriza al Ministerio de Economía realizar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta $us 3.000 millones y exime de pagar impuestos a las empresas que sean contratadas para colocar estos bonos.
Los opositores manifestaron que se estaba beneficiando a las grandes empresas internacionales que se dedican a este tipo de operaciones y pidieron que se anule el parágrafo que así lo establece.
“Los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados, vinculados a la operación de deuda pública en los mercados de capital externos, conforme al presente artículo, están exentos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – IUE” señala el parágrafo IV de este artículo.
El diputado Omar Yujra (MAS) que es el presidente de la comisión de Planificación Económica, hizo un relato histórico de las AFP’s y las ganancias que obtenían, pero no pudo justificar por qué se eximía del pago de impuestos a las empresas extranjeras que asesoren en colocar los bonos.
Luego, el artículo 15 que fija un monto de 350 millones de bolivianos para el sector productivo, fue considerado ínfimo por los opositores. El diputado Miguel Roca solicitó que ese monto sea destinado principalmente a los pequeños productores que son los que generan empleo directo.
El diputado Omar Yujra dijo que ese artículo será reglamentado, pero no solicitó ninguna modificación. Otros diputados pidieron que sea específico para los pequeños productores, pero ninguna observación de los opositores fue escuchada.
La disposición final tercera se refiere a las fuentes de financiamiento del bono Contra el Hambre que impulsa el Gobierno. El diputado Roca precisó que el artículo se refiere a la redacción a futuro, cuando ese bono ya se está pagando y la Ley no es retroactiva.
Sobre la disposición final quinta, también hubo observaciones porque se refiere a que “el Órgano Ejecutivo solicitará a la Asamblea la aprobación de las condiciones financieras para la emisión de los títulos valor y deberá justificar ante ésta, la capacidad del Estado boliviano para asumir el pago de los mismos”.
Los opositores consideraron un error porque se estaría dando un cheque en blanco al Ejecutivo para colocar los títulos valor en cualquier empresa interesada, cuando debía someterse a regulación.
Las disposiciones adicionales octava y novena, también fueron objetadas, pero igualmente recibieron la negativa de la bancada del MAS. Fue en este momento que el diputado Caleb Villarroel pidió a su colega Roca que dejara de realizar propuestas porque el oficialismo ya tenía definido aprobar este texto sin modificaciones.
La disposición final tercera fue objetada porque no tenía nada que ver con el PGE ya que hace referencia a la conformación del directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Según este artículo, “Hasta la designación del Directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, conforme lo determinado en el segundo párrafo del Artículo154 de la Ley N° 065 de Pensiones, los cuatro (4) miembros y el Presidente del Directorio de dicha empresa pública serán nombrados interinamente por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Resolución Suprema”.
Los opositores hicieron esfuerzos porque la bancada del MAS impidiera que el Presidente tenga las facultades de designar a esos ejecutivos.
El diputado Carlos Alarcón (CC) dijo que el artículo 159 de la Constitución Política del Estado (CPE) deja en manos del legislativo la elaboración de ternas y en este caso se está dejando en manos del ministro de Economía la elaboración de ternas para presentarlas al Ejecutivo.
El diputado Roca también dijo que con este artículo se eliminaba de un plumazo incluso la participación de la Central Obrera Boliviana (COB) que debe tener participación en el directorio de la Gestora.
La propuesta del presidente de la comisión de Planificación Económica, Omar Yujra (MAS), en la disposición final octava, fue la única que se cambió. Los diputados opositores consideraron que era insulsa la propuesta, pero fue aprobada según la redacción del diputado masista.
El Deber
