El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, pidió a los gremialistas y transportistas no perjudicar al país y aseguró que el país perderá $us 112 millones por día.
Nuevamente el gobierno se enfrenta al descontento social, varios movimientos sociales exigen la anulación de Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Transportistas y gremialistas, a escala nacional, aseguran que la norma vulnera derechos y pone en riesgo sus derechos. Ante esto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, instó a ambos sectores al diálogo, a “no tomar una posición política” y dejar de lado las medidas de protestas.
La decisión de suspender el tratamiento de la Ley N° 218 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo, en la Cámara de Senadores, no bastó para contener el descontento de estos sectores. Ellos aseguran que la norma se desprende de la Ley 1386, a la que consideran la ley madre, pues contiene artículos que dan directrices para que el Gobierno tome el control de la actividad económica y persiga a los opositores.
Ante esta situación, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, según el reporte de la agencia ABI, reiteró este domingo la invitación al diálogo a sectores que activaron un estado de alerta en rechazo a la Ley 1386 y reiteró que un paro ocasionaría una pérdida económica para el país de $us 112 millones por día.
“Sectores como gremiales y transportistas piden la abrogación de la Ley 1386 con medidas de presión, lo correcto es dialogar para tratar este tema, y evaluar las propuestas y observaciones que tienen; esa es la forma correcta de construir la democracia, no es violentando el Estado de derecho, no es violentando la actividad económica de la población, más aún cuando estamos en pleno proceso de reconstrucción de la economía boliviana”, dijo la autoridad.
La autoridad señaló que un día de paro atenta contra la economía de la gente más humilde, que vive día a día, y la actividad comercial de los agentes económicos. “Por eso, no tiene ningún sentido ese tipo de posiciones, que son netamente políticas”, dijo.
En esa línea, reiteró que el Gobierno nacional está abierto al diálogo para analizar y absorber demandas sobre la polémica norma. Incluso pidió a los sectores movilizados no tomar una posición política, escuchar al Gobierno y no dejarse llevar por mentiras de algunos actores políticos.
“Con esta ley buscamos cuidar el flujo económico y no ingresar a la lista gris y negra de organismos internacionales referidos al lavado de dinero, que es altamente perjudicial para el Estado y su actividad económica comercial. Estas normas son necesarias para evitar el blanqueo de dinero y controlar las transacciones económicas, con esta ley buscamos transparentar la procedencia de los dineros que salen e ingresan al país”, dijo
No obstante, el sector gremial definió un cronograma de movilizaciones desde el jueves 21 de octubre y empezó a articularse con otros sectores que también se sienten perjudicados con la Ley 1386 y su anexo. De esta forma, los transportistas, panificadores, mineros cooperativistas, magisterio, Fejuve-Cochabamba e incluso Adepcoca, iniciaron contactos previos.
“Los cuentapropistas se van a plegar, los cocaleros afirmaron que se sienten en peligro con esta ley, entonces van a apoyar las movilizaciones en La Paz”, declaró el máximo dirigente de los gremiales de Cochabamba, César Gonzales.
Foto: Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: El Deber
