La COVID-19 no solo constituye una amenaza para la vida humana, también pone en riesgo los medios de subsistencia a través de la destrucción de las empresas privadas, que representan el 90 % del empleo en los países en desarrollo (i).
Los confinamientos y el distanciamiento social necesarios para contener la pandemia de coronavirus han perturbado las actividades de empresas que de otro modo serían rentables y han menoscabado su capacidad de efectuar pagos a sus acreedores. En todo el mundo, los Gobiernos están tratando de respaldar a las empresas a través de programas de liquidez de emergencia.
También deben revisar y adaptar los marcos de insolvencia a fin de reflejar las circunstancias únicas de la crisis. Esta medida podría salvar un mayor número de empresas y fortalecer el camino general hacia la recuperación económica.
Los confinamientos y el distanciamiento social necesarios para contener la pandemia de coronavirus han perturbado las actividades de empresas que de otro modo serían rentables y han menoscabado su capacidad de efectuar pagos a sus acreedores.
Los marcos de insolvencia son las reglas que determinan el modo en que se organiza la resolución de activos en riesgo, de manera que la actividad empresarial pueda continuar o los activos se puedan destinar a usos más productivos. Las crisis anteriores han demostrado que puede registrarse un marcado aumento del número de pequeñas y medianas empresas (pymes) en situación de insolvencia, así como del número de corporaciones en dificultades, con la consiguiente pérdida de empleos (i). En los países en desarrollo, los marcos de insolvencia suelen acrecentar los daños dado que, de manera desproporcionada, conducen a la liquidación de empresas (i) —incluso cuando son viables— y permiten que los acreedores recuperen, en promedio, menos del 30 % de su dinero (i).
El riesgo de que estas normas promuevan una ola destructiva de quiebras prematuras no es el único peligro que enfrentamos. Los marcos de insolvencia débiles también pueden generar empresas “zombis” deficientes (PDF, en inglés), que funcionan pero dependen de la renovación de sus créditos, no pueden invertir en nuevas actividades y absorben el crédito que podrían recibir las empresas rentables (PDF, en inglés).
En un informe reciente del Banco de Pagos Internacionales se pone de relieve la magnitud de la amenaza, y se estima que el 50 % de las empresas no dispone de efectivo suficiente (PDF, en inglés) para pagar los costos del servicio de la deuda durante el próximo año. Aunque muchas economías en desarrollo están atravesando una etapa inicial de la pandemia, están sumamente expuestas a sus impactos sociales y económicos. De acuerdo con las previsiones, la crisis dará lugar a la primera recesión en África al sur del Sahara en 25 años, anulando los avances logrados con gran esfuerzo en la lucha contra la pobreza extrema.
Aunque muchas economías en desarrollo están atravesando una etapa inicial de la pandemia, están sumamente expuestas a sus impactos sociales y económicos.
Al mismo tiempo, como sucedió en las anteriores crisis financieras y económicas, es probable que la calidad de los activos mantenidos por instituciones financieras se deteriore marcadamente. Las instituciones financieras pueden esperar un alza pronunciada en la proporción media de préstamos improductivos. Por ejemplo, en el punto álgido de la crisis financiera de Asia, la proporción de préstamos improductivos subió del 4,7 % a casi el 30 % (i), un aumento similar al que se registró en la crisis financiera internacional de 2008 (i). Dado que la crisis provocada por la COVID-19 se produjo de manera abrupta y generalizada, los activos en riesgo podrían constituir un problema aún mayor en esta ocasión.
Cualquier respuesta depende del contexto nacional pero, en general, se recomienda un enfoque en fases. En la primera etapa —donde gran parte del mundo está ahora— es importante “aplanar la curva” de insolvencias y utilizar medidas de alivio para evitar que empresas viables se vean obligadas a caer en la insolvencia en forma prematura. Sin intervenciones, incluso los marcos que normalmente son eficaces podrían ocasionar una quiebra sistémica, en la que un aluvión de insolvencias desencadenaría ventas forzadas y causaría un colapso de los precios de los activos (PDF, en inglés). Estas medidas de alivio son sumamente útiles en los mercados emergentes, donde los acreedores usan, a menudo, el sistema de insolvencia como un instrumento para cobrar las deudas.
Sin intervenciones, incluso los marcos que normalmente son eficaces podrían ocasionar una quiebra sistémica, en la que un aluvión de insolvencias desencadenaría ventas forzadas y causaría un colapso de los precios de los activos.
En la segunda etapa, el principal desafío consiste en dar una respuesta al número creciente de empresas que necesitan un proceso de insolvencia para sobrevivir. En esta fase, es fundamental asegurar el funcionamiento sin contratiempos de los mecanismos de renegociación y reestructuración de la deuda. Es crucial reducir al mínimo el número de empresas “zombis” (PDF, en inglés), que podrían absorber el crédito que de otro modo iría a las empresas rentables en el período posterior a la crisis.
Por último, en la tercera etapa se deberá poner el acento en las personas que enfrenten dificultades financieras después de la crisis.
Recomendaciones en materia de políticas y ejemplos de países
Primera etapa: Evitar que las empresas viables caigan prematuramente en la insolvencia mediante la implementación de medidas extraordinarias de duración limitada.
- Aumentar los obstáculos que impiden a los acreedores iniciar procedimientos de insolvencia. En Letonia y Turquía se ha suspendido la posibilidad de los acreedores de iniciar procedimientos de insolvencia. Algunos países han aumentado los umbrales para iniciar procedimientos, mientras que otros han limitado el derecho de los acreedores a solicitar la insolvencia de un deudor.
- Suspender la obligación de los directores de corporaciones de declarar la insolvencia de la sociedad, así como la responsabilidad conexa por el incumplimiento de dicha obligación, salvo en los casos de fraude. A menudo, los directores tienen la obligación legal de actuar en el interés de los acreedores cuando una empresa está al borde de la insolvencia, para evitar que las empresas acumulen deudas que no podrán pagar. En España, Singapur y Rusia se ha suspendido la obligación de los directores de presentar una declaración de quiebra. En otros países, el requisito solo se aplica si se cumplen ciertas condiciones, por ejemplo cuando la insolvencia está directamente relacionada con la COVID-19.
Segunda etapa: Dar una respuesta al mayor número de empresas que no sobrevivirán a la crisis sin caer en la insolvencia.
- Establecer un marco extrajudicial o mixto para arreglos informales de reestructuración de deudas. Los marcos extrajudiciales establecen las obligaciones básicas para la negociación informal de las deudas con las instituciones financieras, como un acuerdo de statu quo para evitar la ejecución de las deudas. Se pueden adoptar con celeridad, idealmente a instancias del banco central y la asociación de bancos del país, y por lo general permiten evitar los procedimientos judiciales. En Albania, el banco central ha patrocinado un marco extrajudicial para que los bancos negocien la deuda en dificultades con los deudores.
- Ampliar los plazos procesales durante un período limitado. Por lo general, en las leyes de insolvencia se establecen plazos cortos, debido a que los procedimientos prolongados reducen las posibilidades de los acreedores de recuperar su dinero y fomentan la incertidumbre. No obstante, los plazos cortos pueden forzar a los deudores a entrar en un proceso prematuro de liquidación. En Bulgaria, Francia, Polonia, España y Sudáfrica se han relajado o suspendido numerosos plazos judiciales y administrativos.
- Suspender los requisitos para proceder a la liquidación, si se ha producido el cese de actividades del deudor mientras se lleva a cabo la reorganización. Este elemento común de las leyes de insolvencia tiene por objeto maximizar el monto que recuperan los acreedores, pero puede forzar una liquidación prematura durante los confinamientos.
- Promover las presentaciones por medios electrónicos, las audiencias judiciales virtuales y las soluciones extrajudiciales. Muchos tribunales permanecen cerrados. Para ayudarlos a hacer frente a la demanda cuando abran nuevamente, los países deben formular planes para equiparlos con personal más capacitado, establecer más procedimientos por escrito y promover opciones de comunicación digital.
Tercera etapa: Abordar las dificultades financieras de las personas ocasionadas por la crisis.
- Disponer de un mecanismo para la quiebra de los consumidores, con salvaguardias apropiadas. Estos mecanismos, que incluyen los pertinentes a empresarios individuales, proporcionan un marco ordenado para efectuar los pagos a los acreedores y brindan a los deudores protecciones clave, como la reducción de la carga de su deuda y el resguardo de ciertos activos contra incautación por los acreedores. Después de la crisis financiera internacional de 2008, en muchos mercados emergentes, desde la India hasta Zimbabwe, se incorporaron estos instrumentos que revisten crucial importancia para los consumidores y los microempresarios.
¿Cómo está respondiendo el Grupo Banco Mundial?
El Grupo Banco Mundial es la principal fuente de asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo en el área de insolvencia y, junto con la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), actúa como organismo normativo (i). Ayuda a los países a elaborar políticas que abarcan desde las que se pueden aplicar rápidamente, como los ajustes durante un período limitado en los regímenes de insolvencia existentes, hasta las soluciones a largo plazo, como los arreglos extrajudiciales, que han sido un instrumento importante en las crisis anteriores (PDF, en inglés).
En particular, esta crisis afectará gravemente a las pymes, que representan alrededor del 90 % de las empresas del sector privado y generan más de la mitad de los empleos (PDF, en inglés) en los países en desarrollo. Por lo tanto, el Grupo Banco Mundial publicará a fines de junio de 2020 una versión revisada del informe Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes (Principios para regímenes eficaces de insolvencia y para acreedores/deudores) (PDF, en inglés), que se centra en la insolvencia de las pymes.
Por: Ceyla Pazarbasioglu/Vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones (EFI), Grupo Banco Mundial.
También apoyó Alfonso García Mora, Director mundial del Departamento de Prácticas Mundiales de Finanzas, Competitividad e Innovación
