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Hilton Heredia García/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

La siderúrgica india Jindal Steel & Power (JSP) está decidida a cobrar unos $us 100 millones al Estado boliviano, a la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y a la Comibol por la intervención que fue sujeta por parte de las autoridades nacionales en julio de 2012.

La firma internacional decidió dejar el país porque no aceptó cuatro condiciones que el Gobierno le impuso para dar continuidad al contrato para la explotación de Mutún.

Los líos legales vuelven con fuerza pues la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) notificó a las partes en Bolivia, que deberán presentarse ante el Tribunal Aribtral del 11 al 15 de diciembre de 2017 en la ciudad de Bogotá (Colombia).

Así lo establece un documento al que tuvo acceso Money.com.bo y que da cuenta que la ESM ya contrató abogados extranjeros de la firma Dechert de París para su respectiva defensa.

Al respecto, el asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada admitió el hecho e indicó que la ESM y los abogados ‘arman’ una estrategia para defenderse. “El proceso es contra el Estado, la ESM y la Comibol, pero no debe ser así”, dijo.

Asimismo, informó de que la Procuraduría también está trabajando en el tema y que la demanda es por casi $us 100 millones.

Por su lado, el director de la ESM por el municipio de Puerto Suárez, Antonio Tudela, sugirió agotar conversaciones con la Jindal para evitar la demanda. “Es un monto muy grande, esto puede afectar a los bolsillos de la ESM, del Estado y de la Comibol. Dónde están los resultados positivos que decía el señor Arce Zaconeta”, cuestionó.

Instó a buscar mecanismos de diálogo y sentarse en una mesa de negociaciones para llegar a un buen acuerdo final.

 “Aquí lo que estamos demandados somos nosotros y por lo tanto nos preocupa. Aquí debería ir una comisión de la Comibol, del Estado y de la ESM para ver cómo defendernos o sino debe buscarse el camino del diálogo”, agregó Tudela.

 Cabe recordar que hace unos meses se registraron problemas en Puerto Suárez cuando la empresa Nueva Variante que trabajó con Jindal intentó retirar maquinaria en el yacimiento Mutún por una supuesta deuda de más de $us 1 millón por parte de la firma india.

El retiro de la maquinaria pretendía darse luego de un supuesto fallo judicial a favor de los primeros; sin embargo, los pobladores y dirigentes de las instituciones de Puerto Suárez evitaron el retiro de los equipos, según informó el presidente cívico de esa región, Adolfo Rau. 

En esa oportunidad, el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, admitió que Bolivia afronta una demanda por casi $us 500 millones de parte de tres empresas transnacionales mineras: dos por reversión de concesiones y una por ruptura de contrato.

En el caso de Quiborax existe un laudo en contra de Bolivia por un monto de $us 48 millones, el monto demandado por South American Silver es de 385 millones, en Glencore todavía no han determinado una cuantía, y la Jindal el monto está por 64 millones.

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