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Mientras el Gobierno de Bolivia demora la aprobación de una Zona Económica Especial de Desarrollo (ZEED) en la frontera con Brasil, la nación vecina a través del Comité Regional de Desarrollo y Turismo (CDR) ya aprobó el Proyecto de Ley (PLC) 87/2018 que crea zonas de libre comercio en los municipios de Corumbá y Punta Porá, Mato Grosso del Sur, señala un informe del Senado Federal.

Según la nota, la ciudad de Corumbá está cerca de las ciudades de Puerto Suárez y Puerto Quijaro, en Bolivia. Y Ponta Porã es vecina de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay. Esta cercanía, sin embargo, ha causado problemas derivados de la violencia, derivada del tráfico de drogas y de armas, explica la ponente de la propuesta, senadora Simone Tebet (MDB-MS). El parecer fue leído en la reunión por el senador Romero Jucá (MDB-RR).

Como forma de contribuir a la disminución de este problema e intensificar el proceso de desarrollo de esas localidades, el proyecto propone ofrecer beneficios fiscales similares a los de la Zona Franca de Manaos por cinco años. El proyecto prevé la exención de los impuestos de importación (II) y sobre productos industrializados (IPI) para hacer viable la instalación de empresas en la región de frontera.

Hay restricciones

Según el informe emitido por el Senado Federal, no se concederán incentivos fiscales para empresas que produzcan armas, municiones, vehículos de pasajeros, bebidas alcohólicas y tabaco y sus derivados. Además, la exención de los dos impuestos sólo se concederá a productos industrializados que se destinen al mercado nacional.

Este proyecto es extremadamente importante porque crea un mecanismo de desarrollo en una región de frontera que es impactada por otros países que bordean el Mato Grosso del Sur - justificó Jucá.

El senador resaltó además que el Poder Ejecutivo demarcará las áreas de libre comercio sin englobar cualquier área indígena.

Estamos resaltando las áreas indígenas exactamente para dar garantía a la comunidad indígena - dijo.

El senador pidió urgencia para la propuesta, que aún necesita el aval de la Comisión de Asuntos Económicos (CAE).

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