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El negocio del mercado automotriz se contrae en más del 20%. La Cámara Automotor Boliviana (CAB), durante siete años, ha tenido la oportunidad de investigar un esquema administrado por personas naturales y algunas jurídicas que constituidos en importadores 'unipersonales', han desarrollado un sistema dirigido por capitalistas extranjeros que usándolos como 'palos blancos', importan a Bolivia vehículos adquiridos en terceros países (principalmente de Dubái, Omán y otros de los Emiratos Árabes), y evaden tributos e impuestos lucrando en desmedro de la economía de los Estados, tanto boliviano, como chileno y se enriquecen en forma ilícita.

Bolivia por su cualidad mediterránea, usa el puerto de Iquique, para todas sus importaciones de vehículos automotores, motos y equipo pesado provenientes de Asia y Europa, por las ventajas de infraestructura más favorables.

A Bolivia durante el año 2015, ingresaron a través de Chile, 64.089 vehículos, de los cuales, el 56,25% o sea 23.073 fueron vehículos considerados “antiguos”. El 2016, ingresaron 57.663 vehículos de los que el 76,27 fueron nuevos. Durante el 2017, ingresaron 66.066 vehículos, proyectando, además, un crecimiento de los vehículos nuevos con relación al año anterior del 14,17% y de vehículos antiguos del 16,29%.

Durante el 2018, el primer semestre, ingresaron 22.489 unidades nuevas y 5.418 antiguas, proyectándose hasta el mes de diciembre, una caída del 11,24% para los vehículos nuevos y caída también del 11,50% para los vehículos antiguos, según un informe de la CAB.

Lamentablemente, la cantidad de vehículos importados por los 'grises', se mantiene todavía muy alto, aprovechando que la Ley 821 del 2016, ha permitido a este segmento poder importar sin la exigencia de la Licencia previa que ya es un requisito para aquellos vehículos nuevos, con las restricciones y limitantes relativas a las dificultades que significaba administrar volúmenes en almacenes aduaneros, por un tiempo no mayor a sesenta días, refirió el asesor legal de la CAB, Luis Encinas.

La CAB ha recibido durante más de siete años consecutivos la información “agregada”, relativa a las importaciones de vehículos automotores, directamente de la ANB, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (conforme lo especifican al momento de entregar esta información) en el marco de la normativa vigente, que prohíbe la difusión de esta información detallada a terceros.

A partir de esta información, por lo volúmenes conocidos por los representantes de marcas (la diferencia es importada por terceros entre los que se encuentran los grises), se ha podido detectar que operaciones fraudulentas son efectuadas por personas inescrupulosas que conforman equipos y desarrollan actividades aprovechando “resquicios” dejados por la falta de actualizaciones oportunas de las normas y se enriquecen a costa del daño económico que infieren al Estado boliviano.

"Lastimosamente estos grupos se han ido multiplicando con el transcurso del tiempo, sin embargo, esperamos que la adecuación de estas normas a la realidad, permitan cortar el daño que también provoca a nuestro sector por la competencia desleal que nos afecta drásticamente", indica Encinas.

Porqué es más difícil importar en Bolivia?

  • Los importadores grises se han organizado en bandas delictivas que aprovechan el descontrol, la permisividad en IQQ (Chile) y las desactualizadas normas bolivianas como por ej.:
    • D.S. 2130 que obliga a los vendedores de vehículos nuevos, a extender las garantías de los fabricantes por 100.000 Km. o 3 (tres años) lo que venza primero, cumpliendo con un adecuado (obligatoriamente) servicio postventa y disposición de repuestos en almacenes, proporcionalmente a las ventas. (estas exigencias, no son extendidas en la realidad a los importadores grises).
    • R.A. 94/2016.- obliga al vendedor, a publicar y registrar en contratos de venta, los beneficios que tiene el cliente al hacer su compra y firmar la constancia de lectura de la norma exponiendo que conoce sus derechos. (Esta exigencia, tampoco la practican con los importadores grises).
    • A garantizar como representante de la marca a cualquier vehículo vendido de la marca, aunque no lo hubiese vendido este concesionario o si los servicios de mantenimiento los hubiese efectuado el dueño del vehículo, en otros talleres “no autorizados” mismos que no tienen la infraestructura adecuada. Obviamente, los grises no tienen este problema porque la mayoría vende:
      • Sin facturar
      • Mediante un sistema engañoso de importación directa (donde hacen figurar al comprador como si fuera el importador, haciendo que este, asuma toda la responsabilidad del vehículo)
    • El Importador boliviano con representación de marca, tiene una estructura de costos y gastos administrativos y financieros que no tiene el importador “gris”.
    • Se cerraron en Bolivia las Zonas Francas Comerciales, y la Aduana Interior de Bolivia, permitía solamente 60 días de permanencia de la mercadería sin nacionalizar, de tal manera que para “dosificar” el envío de la mercadería estrictamente necesaria a Bolivia, debía utilizar la infraestructura y logística ofrecida por Chile principalmente desde Iquique y Arica.
    • Esta situación, ha provocado que Bolivia pierda la “soberanía” comercial y se generó una dependencia absoluta de las gestiones originadas en Chile, permitiendo, además, la formación de grupos delincuenciales que, desde Chile, desviaban a nuestro país, mercadería destinada al mercado chileno a través de ilícitos que afectan económica de ambos Estados (chileno y boliviano, con consecuencias y afectación drástica a los representantes de marcas como nuestros afiliados a la CAB.

Iquique se constituyó en el centro de organizaciones especializadas en crear estructuras de lavado de dinero, habilitación de vehículos fabricados para otras plazas para perforar la legislación boliviana comercializándolos en Bolivia con precios inferiores a los de los mismos representantes de marca, con los procedimientos de sub-facturación ya referidos.

La CAB ha efectuado seguimiento permanente de estos procedimientos desde origen hasta el arribo de toda mercadería a territorio y mercado boliviano y ha podido cuantificar montos estimados y las cadenas delincuenciales que actúan contraviniendo normas y afectando intereses nacionales e internacionales, pero lo más peligroso, “legalizando” recursos de dudosa procedencia a través de palos blancos, sin intervención de la UIF boliviana ni de la UAF chilena.

La CAB, ya ha presentado las denuncias correspondientes a las autoridades de la UIF, con los respaldos correspondientes que permitirán hacer una gestión a partir de procesos penales que tenemos abiertos en la ciudad de Santa Cruz, contra ciudadanos que supuestamente se enriquecen con daño económico al Estado.

 

Luego de una gestión constante y reiterativa, mostrando a las autoridades de Gobierno, el daño económico inferido al propio Estado boliviano y consecuentemente a nuestro sector, la CAB ha obtenido una respuesta positiva expresada en una norma (D.S. 3640) que ha sido promulgada el 10 de agosto de este mes y permite alentar expectativas y una luz al fondo del túnel.

El D.S. 3640, tiene por objeto realizar modificaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000 y modifica el Parágrafo III del Artículo 9 del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos – ICE, aprobado por el Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2756, de 4 de mayo de 2016, con el siguiente texto:

“III. No está permitida la transferencia, cesión, endoso, venta o cualquier otra forma de enajenación de la propiedad, de vehículos automotores y motocicletas en depósitos aduaneros y zonas francas.

Se exceptúa de esta prohibición a:

  • Las transferencias de vehículos a favor de las Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Misiones Permanentes, Organismos Internacionales, Gubernamentales, Intergubernamentales, Multilaterales, Regionales y Subregionales;
  • Las transferencias realizadas en la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, de acuerdo a normativa específica;
  • La transferencia en depósitos transitorios efectuada entre personas jurídicas que cuenten con el Número de Identificación Tributaria y documentación idónea que acredite la actividad de compra y venta de vehículos.

La nueva norma, va a posibilitar el endoso y transferencia de la mercadería en favor de concesionarios, si se trata de personas jurídicas legalmente establecidas y específicamente que acrediten la actividad de compra-venta de vehículos.

Se permitirán las transferencias a Misiones diplomáticas, consulados, organismos Internacionales, etc.

Se extenderá la permanencia antes de nacionalizar hasta 120 días.

Todo esto con la condición de que aquellas inversiones efectuadas en Chile puedan retornar al país. Solo de esta manera, podrán beneficiarse de las ventajas ofrecidas aquellos importadores que se vieron obligados a migrar al vecino país y puedan retornar a Bolivia y constituyendo un “DEPOSITO TRANSITORIO” y beneficiarse de las ventajas ofrecidas.

Finalmente, hemos transmitido a nuestras autoridades que velan por las políticas tributarias y de la soberanía comercial que debe mantenerse incólume, nuestra preocupación por la cantidad de vehículos automotores que son importados al país a través de la Aduana Nacional de Bolivia, sin respetar la antigüedad permitida por las normas vigentes, agrega la CAB.

Empero, señala que se han detectado al menos 2.000 unidades que aparentemente burlan las prohibiciones de importar vehículos con solo un año de antigüedad en algunos casos y con 5 en otros, alcanzando un total de 40% los vehículos importados fuera de norma.

 

 

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