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El negocio informal de medicamentos implica una pérdida de crecimiento del PIB boliviano de 0,2%, con una destrucción de 1.000 empleos por año y una cuantiosa evasión impositiva. Los empresarios están preocupados por el delito en el país.

La industria farmacéutica tiene una participación del 1,3% en el Producto Interno Bruto (PIB), ha invertido alrededor de $us 500 millones en los últimos cinco años en infraestructura, maquinaria y tecnología y genera empleo directo para más de 7.000 familias, y más de 11.000 empleos indirectos. Ahora la próspera actividad se ve afectada por el constante incremento del comercio ilegal de fármacos, principalmente en las ciudades del eje central.

Para muestra basta citar que el negocio informal de medicamentos en términos macroeconómicos implica una pérdida de crecimiento del PIB boliviano en casi 0,2%, con una destrucción de más de 1.000 empleos por año y una evasión impositiva que bordea los $us 15 millones.

Así lo revela un estudio de investigación realizado por el economista Gonzalo Vidaurre para el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

Las pérdidas son importantes: 18% en el volumen de producción de la industria, 14% en cuanto al valor agregado y 11% en empleo.

Por el lado de la demanda, el contrabando y la falsificación de medicamentos es un lucrativo negocio y una amenaza para la salud pública en Bolivia, que debe ser atendida. Según la encuesta realizada a más de 1.000 consumidores en las cuatro principales ciudades del país, el consumo de medicamentos en tal situación atañe fundamentalmente a los antigripales, antidiarreicos, analgésicos, antibióticos, antinflamatorios, antihistamínicos y antidepresivos.

Las reacciones no se dejan esperar. Santa Cruz Económico y money.com.bo conversaron con las organizaciones matrices de la industria farmacéutica.

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) expresó su preocupación para enfrentar al contrabando, la adulteración, y la falsificación de medicamentos, que no solo infringen la ley, sino que afectan de manera directa a la producción nacional de medicamentos y en muchos casos ponen en riesgo la salud de los bolivianos y bolivianas.

“Es una tarea de todos, del Estado, del sector industrial, y de la sociedad. Estamos interesados en promover y fortalecer alianzas estratégicas, con otros gremios privados y con las universidades nacionales”, dijo  Víctor Hugo Ayllón, presidente de la organización.

Según los datos de Cifabol, en 2017, el sector de la industria farmacéutica boliviana mostró crecimiento favorable, y una capacidad instalada capaz de satisfacer el 76% de la demanda de medicamentos a escala nacional. El crecimiento indudablemente se debe a la inversión en el sector y la adecuación para cumplir con los exigentes requerimientos de calidad que demanda la industria. Este crecimiento se produce pese a factores adversos como las dificultades y demoras excesivas con los trámites administrativos, los ilícitos como productos de contrabando, adulterados y falsificados; desafíos que de ser superados podrían amplificar el impacto de nuestro sector en la economía, agrega el ejecutivo.

Por su lado, la Asociación de Representantes de importadores y distribuidores de Fármacos (Asofar), a través de su gerente general Martín Dávila, indicó que el contrabando es una lacra que afecta a todos y principalmente a toda su cadena productiva y legalmente establecida en el comercio formal, teniendo en cuenta que un país es competitivo respecto a otros, si su sector, en este caso el de medicamentos, insumos y equipos médicos es competitivo.

Según el directivo, el estudio del IBCE aporta datos importantes para que el Gobierno aperture su mente, y haya una nueva forma de actuar conjuntamente con el sector importador de fármacos, insumos y equipos médicos.

Agrega que alrededor de 200 empresas serían las legalmente constituidas.

“Se nota la incapacidad operativa de las autoridades competentes y designadas por ley. Son los Servicios Departamentales de Salud – SEDES los que deberían regular, clausurar etc., la apertura de una farmacia o que establecimiento legalmente está autorizado para dispensar fármacos, insumos o equipos médicos. En Asofar nos preocupa la falta de capacidad operativa para sancionar la informalidad, más cuando hasta empresas asociadas han solicitado también al Sedes una lista oficial de farmacias para proveer de medicamentos o insumos pero el silencio es rotundo”, dijo.

Hace notar que hoy en día el empresario importador tiene su propia Base de Datos de clientes legalmente establecidos.

Asimismo, denuncia que hay un centralismo de lucha contra el contrabando que existe en las entidades competentes de regular el sector. Como dato para el análisis, en Agemed según sus propios datos estadísticos en el 2017, centralizó los trámites de 721 empresas importadoras, sin contar de la industria, cosméticos y distribuidores, que superó los 96.000 Registros Sanitarios y más de 300 fueron Resoluciones Administrativas para autorizar importación de fármacos con sustancias controladas. Ante las denuncias realizadas sobre contrabando no solo de fármacos sino también de equipos médicos, no se tuvo respuesta.

Empero el sector tiene la esperanza que la Comisión Interinstitucional de Vigilancia y Control en la que participarán instituciones como la aduana, fiscalía, impuestos, etc., sea ágil y 100% operativa.

LA ENCUESTA

Datos de compra• Revela que el 47% de los consumidores compra en cadenas de farmacias. Un 35% lo hace en farmacias de barrio y 16% de vendedores ambulantes, tiendas y otros. Apenas un 2% de los encuestados compra por internet.Solo un 24% dijo hacerlo con receta médica. Sorprendentemente, un 76% indicó saber que muchos medicamentos pueden ser falsos. Un 21% ignora si son de contrabando. Un 44% no sabe cómo identificar si es legal lo que compra. Los representantes del sector farmacéutico recomiendan mejorar la regulación autorizaciones e inspecciones para la venta al por menor y están dispuestos a colaborar.

Educación• Es importante educar al consumidor en relación a los riesgos de salud, pues resultará significativo si se quiere disminuir este negocio que hace lucrar a gente inescrupulosa a costo del dolor ajeno.

Es recomendable que la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) dependiente del Ministerio de Salud, forje una alianza estratégica con el sector farmacéutico formal y legal (industria, importaciones, comercializadores) para llevar adelante una campaña nacional de concienciación, que aumente la sensación de riesgo en contra de quienes infringen la ley.

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