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La siderúrgica india Jindal Steel & Power (JSP) está decidida a cobrar al menos $us 64 millones al Estado boliviano por la intervención que fue sujeta por parte de las autoridades nacionales en julio de 2012. La firma decidió dejar el país porque no aceptó cuatro condiciones que el Gobierno le impuso para dar continuidad al contrato para la explotación de Mutún.

 

 

El tema vuelve a surgir tras los últimos problemas registrados en Puerto Suárez la pasada semana cuando la empresa Nueva Variante que trabajó con Jindal intentó retirar maquinaria en el yacimiento Mutún por una supuesta deuda de más de $us 1 millón por parte de la firma india.

 

El retiro de la maquinaria pretendía darse luego de un supuesto fallo judicial a favor de los primeros; sin embargo, los pobladores y dirigentes de las instituciones de Puerto Suárez evitaron el retiro de los equipos, según informó el presidente cívico de esa región, Adolfo Rau. 

 

El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, admitió que Bolivia afronta una demanda por casi $us 500 millones de parte de tres empresas transnacionales mineras: dos por reversión de concesiones y una por ruptura de contrato.

 

En el caso de Quiborax existe un laudo en contra de Bolivia por un monto de $us 48 millones, el monto demandado por South American Silver es de 385 millones, en Glencore todavía no han determinado una cuantía, y la Jindal el monto está por 64 millones.

 

En ese marco, la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) evalúa el tema y este martes sostendrá una reunión de directorio para determinar algunas acciones.

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