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El diputado opositor Tomás Monasterio (Movimiento Demócrata Social) anunció este miércoles la petición de informes a ocho subsidiarias de YPFB para conocer la situación legal de cada una de ellas, y el inicio de acciones judiciales para obligar al Gobierno del MAS a transferir las acciones de estas empresas (que funcionan como privadas) al Estado boliviano.

Diversas normas aprobadas por la administración de Evo Morales (DS 8701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, Ley 466 de Empresas Públicas) establecían plazos para que diversas empresas muten del sistema privado hacia el público, pero hasta la fecha continúan registradas como sociedades anónimas bajo el Código de Comercio, lo que fue confirmado por el propio vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera.

“El MAS ha reconocido, mediante García Linera, que las empresas dentro del sonado proceso de nacionalización siguen como privadas. Por eso voy a presentar una acción de cumplimiento ante el Órgano Judicial para que esta instancia instruya y ordene de manera categórica al Gobierno, que transfiera el 100% de las acciones de estas empresas a favor del Estado”, subrayó Monasterio.

Una vez cumplido ese paso, el legislador Demócrata recolectará documentación para iniciar una acción penal a todas las autoridades nacionales que fueron parte del proceso de lo que llamó una “falsa nacionalización”.

De esta forma, Monasterio solicitó ocho peticiones de informe a distintas subsidiarias de YPFB (YPFB Logística, YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Refinación, YPFB Central, YPFB Bulo Bulo, YPFB Transporte y YPFB Aviación) para que estas brinden información respecto a su situación legal.

“Estamos recopilando información para interponer la acción de cumplimiento y, en lo venidero, identificar los delitos penales en que han incurrido las autoridades del MAS. El hecho de que no se hayan transferido las acciones de estas empresas (al Estado) es un delito y se llama incumplimiento de deberes formales, y por eso, más temprano que tarde, el presidente Morales y todo el gabinete que fue parte de ese proceso tendrá que responder ante la justicia”, sentenció el representante nacional.

Finalmente, el diputado Monasterio hizo hincapié en el hecho de que el Gobierno, al haber reconocido que estas empresas continúan operando como privadas, reconoce que se le estuvo mintiendo durante 12 años al pueblo boliviano.

“El presidente Morales y todo el gobierno del MAS engañaron al pueblo boliviano, levantando la bandera de una falsa nacionalización, cuando en la práctica se demuestra que estas empresas son privadas y no estatales”, concluyó el parlamentario de oposición.

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