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El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental y líder sindical afín al MAS en Santa Cruz, Rolando Borda Padilla se libró de un proceso penal por uso indebido de bienes del Estado, porque la Fiscalía anticorrupción determinó que YPFB-Transporte -donde goza de una declaratoria de comisión sindical- no fue nacionalizada ni está registrada como un bien del Estado, de acuerdo al documento a la que tuvo acceso Erbol en fuentes de la empresa estatal.

La resolución de rechazo también beneficia al gerente general de YPFB-Transporte Cristian Inchausti Sandoval, quienes fueron denunciados por el diputado opositor Tomás Monasterio por haber utilizado el 28 de septiembre de 2015 movilidades para el acarreo de funcionarios de esa empresa a una concentración de indígenas que llegaron a la ciudad de Santa Cruz.

La denuncia fue planteada el 9 de octubre de 2015 y recién el pasado 29 de octubre, luego de casi tres años,  la Fiscal Anticorrupción Mabel Andrade notificó al denunciante con el rechazo, donde argumenta que YPFB-Transporte no pertenece ni fue registrado como patrimonio del Estado, sino como dominio privado.

La fiscal señala que tanto Cristian Inchausti como Rolando Borda son empleados de la sociedad anónima “por lo que no tendrían la calidad de servidores públicos” para ser procesados en base a ley 04 de Lucha Contra la Corrupción. 

La autoridad fundamenta su rechazo en la Matrícula de Comercio extendida por Fundempresa, en el certificado del Padrón Nacional de Contribuyentes que lo tienen registrado como sociedad anónima, es decir, una persona jurídica con derecho privado, con matrícula N° 14.200 que tiene como actividad  el sector hidrocarburífero  en Bolivia y en otros países.

El pasado 11 de octubre de 2018, con similar argumento el juez 3ro de Instrucción Penal y Anticorrupción Carlos Martín Camacho Chávez de Santa Cruz, anuló un proceso penal contra el 

secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores, Marcos Melgarejo, porque la nacionalización de AIR BP-Bolivia SA ABBSA, no se concretó tal como dispuso el Decreto N° 111 del 1 de mayo de 2009.

 

Melgarejo presentó documentación en sentido que la empresa YPFB-Aviación no pertenece al Estado y de esa manera anuló un juicio por uso indebido de bienes del estado y corrupción pública,  al haber utilizado una movilidad para transportarse a un motel en la ciudad de Santa Cruz

En este segundo caso, Monasterio acusó a Rolando Borda en su calidad de trabajador de YPFB-Transporte, de haber utilizado una vagoneta para reforzar la movilización de los indígenas que pedían a la gobernación modificar la distribución de regalías departamentales. Sin embargo la Fiscalía luego de tres años de investigación concluyó que dicha empresa, que el gobierno lo presenta como nacionalizada, no tiene esa categoría jurídica.

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