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Un estudio realizado por Fundación Jubileo al estado de situación de la transparencia y al acceso a la información del sector de hidrocarburos, identificó deficiencia e insuficiencia en la información que se pone a disposición de la población para ejercer un control efectivo al cumplimiento del plan estratégico, presupuesto, contratos y otros considerados vitales.

Bajo el título: “Situación de la transparencia y acceso a la información en el sector hidrocarburos”, el estudio ofrece un análisis del contenido de páginas web de al menos 30 instituciones públicas del nivel central y subnacional, entre las que tienen tuición directa y aquellas con competencia indirecta o que son beneficiarias de las regalías, señala ANF.
 
El trabajo no solo evidencia la falta de información considerada vital para un efectivo control social, sino también, constata la desactualización de datos a pesar del amplio marco normativo que alienta y obliga a transparentar la gestión pública, sobre todo en el sector de hidrocarburos por considerarlo estratégico.   
 
El estudio determina que la información pública sobre los contratos publicada por YPFB no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el artículo sexto de la Ley 3740 de desarrollo sostenible del sector de los hidrocarburos, y que se incumple la publicación anual de certificación de reservas al 31 de marzo del 2018, insertada en el artículo séptimo.
 
“El artículo seis señala que se debe publicar todas las variables de los contratos; costos recuperables, participación de YPFB, retribución del titular y publicación de reservas que es puntual, y debe estar desglosado por campo, ni siquiera por contrato (…). Pero lo que han ido colocando es de forma parcial”, señaló la analista de Fundación Jubileo, Sandra Sánchez.
 
En análisis de la investigadora, fue positiva la recuperación de los hidrocarburos para el Estado, sin embargo consideró que hubo retrocesos importantes desde el año 2015 en la transparencia y acceso a la información sectorial para una buena gobernanza del sector hidrocarburífero.
 
La restricción en la información coincidió con la extracción intensiva de recursos no renovables, como los hidrocarburos, al haber incluido dentro de áreas reservadas para la exploración y explotación a 22 zonas ecológicas protegidas del país, las cuales deberían haber sido las últimas áreas en formar parte de esa lista.
 
“No se está dando la información suficiente que permita hacer seguimiento al sector de hidrocarburos, se necesita el plan estratégico energético para saber cómo va el trabajo, se necesita el Plan Operativo Anual (POA) para saber qué hará YPFB este año”, señaló.
 
Mencionó que en los últimos boletines informativos de YPFB hasta el 2015 dieron cuenta de la exportación de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Paraguay, pero no se conocen las condiciones del contrato. “Las noticias que nos van llegando de firmas de convenios, contratos de exportación urea, son solo eso, pero no tenemos cómo evidenciar con certeza las condiciones”, dijo.
 
A nivel central, se pudo establecer que cumple a cabalidad la norma en cuanto a la publicación de las rendiciones de cuentas e informes de gestión que ofrecen un resumen de las actividades y presupuestos  ejecutados  por cada institución. Sin embargo, estás rendiciones de cuentas según Sánchez, quedan “cojas”  porque al no contar con los POA y presupuestos de las instituciones, se hace inviable llevar el control.
Metodología 
 
Sandra Sánchez explicó que el estudio abarcó toda la normativa referida a transparencia, tanto la general como la específica del sector de hidrocarburos, y se analizó el contenido de los portales web de instituciones vinculadas al sector de manera directa como el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sus filiales Chaco, Transporte, Petroandina y Andina y  la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
 
Contempló también a los Gobiernos Autónomos Departamentales que reciben regalías como Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba, además de Beni y Pando, así como algunos municipios productores como Caraparí, Villamontes y Yacuiba.
 
El trabajo se amplió a aquellas instituciones con competencias indirectas en el sector hidrocarburífero como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) porque recauda el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); el Ministerio de Economía, que diseña el Presupuesto General del Estado (PGE); el Ministerio de Planificación porque ejecuta proyectos; el Ministerio de Energía, que planifica la política energética, además del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) porque hay áreas reservadas para YPFB dentro de las AP.
 
El periodo de análisis de contenidos de las páginas web contempló un periodo de tres meses, de abril a junio de 2018, por la dinámica del sector.
 
“El tema de transparencia está muy ligado a la gestión pública porque lo que se quiere es promover la participación de la ciudadanía en el desarrollo de políticas públicas, por eso necesitas información para poder participar y ejercer el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, que son principios de independencia y autonomía”, dijo.
 
Mencionó que la transparencia en el sector público está incorporado desde la Constitución Política del Estado, el decreto supremo 0214 de Política de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de julio de 2009, la Ley de Hidrocarburos 3058 que también incluye la transparencia. “Todos los planes de desarrollo sociales que tenemos a nivel central para el periodo 2016-2020 tienen como pilar la transparencia en la gestión.
 
En cuanto al cumplimiento de la Ley 974 de Unidades de Transparencia señaló que si bien se pudo verificar que la gran mayoría de las instituciones públicas cuenta con su propia unidad, estas no desarrollaron políticas de transparencia, y se avocaron más a elaborar formularios para denuncias por temas de corrupción.

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