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Con actas firmadas entre representantes de la Gobernación cruceña y la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), el secretario de Gobierno, Vladimir Peña, demostró que el ente departamental no tiene deudas pendientes por regalías.

Indicó que las medidas de presión asumidas por dicha institución, liderada por Rodolfo Vallejos, son “injustificadas” y responden a “intereses políticos”, dado que siempre hubo voluntad de diálogo y atención a sus pedidos.

“Convocaron a una reunión para tratar un proyecto de ley sobre una nueva distribución (de regalías) y les hicimos conocer que el camino correcto era acudir a la Asamblea Departamental, no al Gobernador (…). Hemos logrado acuerdos con 36 gobiernos municipales, para seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos”, dijo Peña, quien defendió el modelo autonómico, bajo la fórmula del 50-40-10, que permitió llegar a los municipios con más de 1.300 obras.

En cuanto al reclamo de las regalías 2016-2018, explicó que se suscribió cuatro actas con Rodolfo Vallejos, en las cuales se acordó que Amdecruz presentaría una propuesta de Pacto Fiscal y quedaría suspendido el pago de las regalías, hasta concretar este acuerdo nacional, dado el déficit de Bs 250 millones en arcas del Gobierno Departamental.

Para Peña, Amdecruz no tiene moral para reclamar cuando incumple los acuerdos suscritos y se pone al servicio del Gobierno nacional, al permitir la confiscación del 12% de los recursos del IDH, además se rehúsa a defender los intereses del departamento, tal como se vio en el tema Incahuasi.

Del mismo modo, denunció afanes desestabilizadores contra la gestión del gobernador Rubén Costas, hecho que se dio a conocer mediante audios del asambleísta departamental, Edwin Muñoz, y la alcaldesa del municipio de  San Juan, Blanca Salvatierra, quienes desvelan la intencionalidad política por parte del MAS, en las medidas de presión de Amdecruz.

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