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Bolivia perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax a la que ahora deberá pagar 48,6 millones de dólares, tras el último fallo pronunciado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial (BM) para resolver este tipo de conflictos.

En un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el Ciadi informa su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015 contra Quiborax, que ese mismo año ya había logrado una sentencia arbitral favorable, refiere el diario Los Tiempos.

Según la nota, ese medio intentó comunicarse con el procurador, Pablo Menacho, pero personal del área de comunicación informó de que el equipo se hallaba en Potosí y que aún no se había tomado conocimiento oficial del fallo, por lo que probablemente la entidad se pronunciaría recién hoy.

Antecedentes

El litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

Al no lograrse un acuerdo de indemnización, la empresa chilena demandó en 2006 al Estado boliviano reclamando 66 millones de bolivianos como compensación a sus inversiones y daños sufridos por la expropiación. En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax indicando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones, estableciendo como indemnización la cifra mencionada.

Una semana después, Bolivia objetó alegando, entre otros aspectos, que Ciadi se extralimitó manifiestamente en sus facultades quebrantando gravemente una norma de procedimiento. Además, adujo que en el laudo no se expresó los motivos en los que se fundaba.

En todo el interín, se dieron varios intentos frustrados de conciliación entre partes, hasta que Ciadi se pronunció el pasado 18 de mayo alegando que todos sus fallos estaban dentro de sus facultades y que no se identificaron los “errores groseros” ni “quebrantamientos de normas” observados por Bolivia.

“Por las razones expuestas, el Comité decide desestimar en su totalidad la Solicitud de Anulación”, presentada por Bolivia contra Quiborax, remata el documento en su parte de las conclusiones.

Fin del proceso de laudo

Con ello, el organismo internacional también puso término a la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que el Gobierno de Evo Morales deberá pagar a Quiborax (representada por el estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana) los 48,6 millones de dólares, fijados en 2015, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas.

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