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Hilton Heredia García/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

El caso Incahuasi genera más polémica. El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, presentó este miércoles ante el Tribunal Constitucional una excusa contra el magistrado Orlando Ceballos, por haber emitido anticipadamente criterios sobre la solicitud de descongelamiento que hizo la institución ante la acción popular que presentó la Gobernación de Chuquisaca contra el Gobierno, más propiamente contra YPFB.

“Estamos exigiendo que el magistrado Orlando Ceballos, se haga a un lado, por haber anticipado su criterio con respecto al tema de Incahuasi y por haber sido funcionario de Gobierno”, manifestó Peña, al señalar que está autoridad debió excusarse desde un principio y hasta el momento no lo ha hecho, es por eso que la Gobernación lo ha solicitado y en caso de que no lo haga estaría incurriendo en un delito que debería ser sancionado.

 Según documentos, Ceballos fue funcionario del Gobierno, entre 2008 y 2009, representante del presidente Evo Morales. En ese marco, no debería haber sido magistrado.

Money.com.bo indagó en el Código Procesal Constitucional, capítulo cuarto de las excusas que señala en su artículo 20 inciso 4 “haber sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que debe conocer, o en cualquier función que comprometa su imparcialidad”.

Asimismo el inciso 5 refiere “haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actuado judicial”.

Además, la Ley del Órgano Judicial señala en su capítulo VI, artículo 27, inciso 7  sobre las excusas y recusaciones de magistrados: “haber sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor en el proceso que debe conocer”.  Mientras que el inciso 8 señala “haber manifestado su opinión sobre la pretensión litigada y que conste en actado judicial, excepto en los actuados conciliatorios”.

Al ser consultado Peña sobre la carta que hicieron llegar los diputados masistas donde solicitan al Gobernador acuda a la audiencia por el caso de Incahuasi que se llevará a cabo en Santa Cruz, el Secretario de Gobierno dijo que esto es un intento del MAS de querer lavarse la cara en este tema, porque es de conocimiento de todos que ellos han defendido fehacientemente al Gobierno y YPFB, a pesar de ello hoy hemos tomado conocimiento del recurso que han presentado y el equipo jurídico de la Gobernación lo está analizando.

Cabe recordar que Ceballos afirmó anteriormente que el desembolso de las regalías por el campo Incahuasi a Santa Cruz está sujeto al cumplimiento de las dos condiciones que estableció la sentencia constitucional de 2017: la elaboración de un nuevo estudio técnico de delimitación departamental y que se determine si los reservorios son compartidos o no.

Materia legal

Al respecto, el experto en materia legal, Juan Pablo Peña refirió que el Art. 180 de la CPE establece como uno de los fundamentos de la jurisdicción ordinaria, el debido proceso; a su vez uno de los elementos del debido proceso, es el derecho a la igualdad procesal de las partes, fundado en el principio de imparcialidad, como subelemento del debido proceso, que resulta ser el primer deber que un Magistrado, Tribunal o Juzgador tiene obligación de respetar cuando se encomiada a su cargo un determinado conflicto.

"En el entendido que la función jurisdiccional consiste en la tutela de los derechos e intereses legítimos de las personas por medio de la aplicación del Derecho en el caso concreto, la imparcialidad se quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevención de no cumplir realmente con esa función, sino que, incumpliendo con ella, puede perseguir en un caso concreto servir a una de las partes, implicando necesariamente, la ausencia de designio o de prevención en el juez, de poner su función jurisdiccional al servicio del interés particular de una de las partes procesales. La tarea de ser imparcial es difícil, exige absoluta y aséptica neutralidad, el deber de abstenerse de actividades extraprocesales incompatibles con la dignidad y la independencia del cargo de juez, debe ser practicada por todas las autoridades judiciales, con todas las cualidades que el principio involucra, refiriéndome tanto a la imparcialidad de hecho, como la apariencia de imparcialidad, fundamentales para que se mantenga el respeto por la administración de justicia", señala.

Agrega que en la legislación boliviana, el instituto que previene la vulneración al principio de imparcialidad contra el juzgador es la recusación, por cualquiera de las causales establecidas en el Art. 27 de la Ley Nº 025 y en el caso de un Magistrado del TCP, se encuentra regulado en el Art. 20 de la Ley Nº 254, acreditando oportunamente la prueba que demuestro lo impetrado.

En el caso particular, referente al tan renombrado proceso sobre el litigio por la titularidad de las reservas del pozo Incahuasi, la recusación interpuesta por el Gobernador de Santa Cruz contra uno de los Magistrados del TPC responsable de dirimir la acción, se funda en el inc. 4 y 5 del Art. 20 de la Ley Nº 254, el cual atacaría la imparcialidad del juzgador en el fondo, al afirmar que existirían prejuicios expresados públicamente, considerándose tal extremo un antejuicio al resultado del proceso, debido al supuesto compromiso demandado al ser el funcionario judicial, parte o representante del poder ejecutivo antes de ingresar a la carrera judicial, lo cual de ser evidente, demostraría la vulneración demandada ante el involucramiento personal o emocional de la autoridad judicial sobre el asunto principal del fallo, formando elemento de convicción según su propio conocimiento que otorgaría ventaja a una de las partes.

Ante esta situación y proviniendo de una altísima autoridad judicial, resulta necesario con el ejemplo, preservar el equilibrio social y allanarse a la recusación para evitar susceptibilidades que afecten a la fidelidad y efectividad del Órgano Judicial, por más que estas sean aparentes.

Chuquisaca ve errores de YPFB

La Gobernación de Chuquisaca advirtió que YPFB está incurriendo en los “mismos errores” del pasado al encomendar un nuevo estudio de campos compartidos que involucra al megacampo Incahuasi, sin que estén definidos los límites interdepartamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz.

"Señor Ministro (de Hidrocarburos) no cometan los mismos errores del señor Guillermo Achá (ex titular de YPFB)", advirtió el secretario de Energía e Hidrocarburos, Felipe Molina, durante una rueda de prensa este miércoles.

Observó que el directorio de YPFB ni la Gobernación hayan sido notificados con alguna nota oficial sobre este trabajo que está bajo responsabilidad de la estatal petrolera.

        

 

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