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Hans Montaño Núñez / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.>

Crece la movilización por Incahuasi. La Gobernación de Santa Cruz reveló este martes tres nuevas denuncias contra altas autoridades de Estado que dejan al descubierto los perjuicios causados a la región en el tema del congelamiento de regalías por el megacampo Incahuasi. 

La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz recibió en audiencia pública al equipo técnico de la Gobernación cruceña, que a través del secretario de Gobierno, Vladimir Peña, denunció la inobservancia de YPFB a la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, normativa jurídica específica, al momento de contratar los servicios de la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants, que realizó un estudio técnico sobre la propiedad territorial del megacampo gasífero Incahuasi.

La referida ley determina los límites departamentales en Bolivia. Peña reclamó la intervención por las vías administrativas y legales de la Brigada en la certificación del descongelamiento de los Bs 132 millones a favor de Santa Cruz.

Peña presentó tres nuevos documentos a la opinión pública para reconocer a los autores del “daño a Santa Cruz” y desmintió que no haya sido el Gobierno, o sea por “interpretaciones antojadizas”.

La audiencia pública en el edificio de la plaza 24 de Septiembre transcurrió en un ambiente caldeado por la presencia de integrantes de Juventudes del MAS, dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), plataformas ciudadanas de mujeres de oposición y asambleístas departamentales.

Además mostró en primera instancia una carta oficial del entonces ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado dirigida al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, que recomienda se tenga claridad total de límites entre ambos departamentos (Santa Cruz y Chuquisaca) para la posterior distribución de regalías. Dicha carta sugiere el congelamiento de las regalías a Santa Cruz.

En agosto de 2016 el informe técnico de la consultora canadiense Petroleum Consultants GLJ sobre el megacampo Incahuasi ratificó que el 100% del mismo se encuentra en territorio del departamento de Santa Cruz. Autoridades de Chuquisaca cuestionaron su validez hasta la conclusión de un estudio de límites entre las dos regiones.

Un segundo documento es un informe amplio del Ministerio de Autonomías, fechado el 26 de julio de 2016, antes del 5 de agosto cuando se conocen los resultados del estudio final de GLJ. “Ya estaba listo y no nos querían entregar a las gobernaciones”, dice Peña.

En las conclusiones, afirma que las leyes de límites de 1898 y 1912, más una Resolución Suprema de 1914 y una ley de 2004; quedan zanjados los límites interdepartamentales ‘precisos o naturales representados en la cartografía en colindancia del límite departamental entre Santa Cruz y Chuquisaca’. “Acaso no era que los límites eran referenciales y que sólo se podían establecer en un proceso de conciliación?”, cuestionó Peña.

Y la tercera denuncia de Peña, habida cuenta que sólo faltaba la actualización, entre otros aspectos, como pidió el Ministerio de Autonomías y en pleno conocimiento del informe técnico de su despacho estatal; Siles envía una carta seis días después al presidente de YPFB, Guillermo Achá, donde considera que los “límites son de carácter referencial pudiendo ser empleados para fines institucionales de distribución de recursos en aplicación a normas vigentes del sector de hidrocarburos (…) será la población que por voluntad democrática construya la delimitación definitiva de la organización del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Durante su media hora de exposición y 3.000 fojas de prueba entregadas a Henry Cabrera, presidente de la Brigada; Peña también reveló que el exministro de Autonomías, Hugo Siles, informó a YPFB que las dos leyes de 1898 y 1912, aclaradoras de los límites interdepartamentales, son “normas referenciales y en ningún momento certificamos que las mismas cuenten con límites precisos”.

En consecuencia, prosiguió Peña, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) está sustentada en la carta de Siles y adjunta un mapa relacionado a los límites interdepartamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz ‘que sólo puede ser usado para fines constitucionales porque no define los límites entre ambos departamentos, además que el Ministerio de Autonomías tiene como parte de su agenda el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación interdepartamental (…), por tanto no se encuentra con coordenadas precisas (…)’ siendo el Ministerio de Autonomías la entidad competente para llevar adelante el procedimiento de conciliación administrativa.

“Ésta es la razón porque el TCP congela los recursos de los cruceños, y la razón está en la nota del señor Siles que no solamente faltó a la verdad, sino que falseó los datos oficiales del Estado. Por eso nuestra acusación vehemente al Gobierno nacional de haber ocasionado este daño a Santa Cruz”, enfatizó Peña.  

Con relación a la omisión de la estatal petrolera a Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, Peña remarcó que esto ocurre más aún si en el Ministerio de Autonomías se encontraba pendiente un proceso de conciliación entre Santa Cruz y Chuquisaca, involucrados en el estudio técnico de GJL.

En contrapartida, la senadora oficialista Adriana Salvatierra, sostuvo que en la Brigada no está en debate y es “inobjetable” que el 100% del campo Incahuasi esté en Santa Cruz, o que puedan existir reservas compartidas. Salvatierra recordó que los resultados del estudio contó con la fiscalización de ambas gobernaciones. “Qué observamos? La representación legal del departamento de Santa Cruz, los datos técnicos porque Incahuasi no representa el 40% del presupuesto de Santa Cruz, tampoco se puede ir alertando a los trabajadores de salud de supuestos despidos”, agregó.

Salvatierra reiteró que hay improvisación en la defensa jurídica y legal que no es acorde a lo que requieren los intereses el departamento de Santa Cruz. “No fueron al fondo, sino que intentaron inicialmente recusar al juez competente, hubo contradicción de los elementos planteados por el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz” en la audiencia de Amparo Constitucional con YPFB”.

El senador opositor, Oscar Ortiz, indicó que con la audiencia en la Brigada Parlamentaria cruceña ha habido “un doble atentado a Santa Cruz abriendo dos temas que ya estaban cerrados en función de acciones del Gobierno”. Uno, la sentencia constitucional sobre el yacimiento Incahuasi se basa en una carta del exministro Siles; y por otro lado, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, que anula una resolución del propio Ministerio de la Presidencia reabriendo la discusión de límites con “una actitud absolutamente política dirigida desde el Gobierno para atentar contra el pueblo cruceño”.

Chuquisaca

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca (Amdech), Bladimir Flores, informó el martes que los 29 municipios de ese departamento emitieron un pronunciamiento para respaldar las acciones que encara el Gobierno departamental para pedir un nuevo estudio sobre la ubicación del campo gasífero Incahuasi.

"Brindamos todo el respaldo el gobernador Esteban Urquizu y su equipo técnico en las gestiones y acciones para determinar un nuevo estudio técnico y jurídico luego de la delimitación entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, de acuerdo a las normas vigentes", dijo en conferencia de prensa.

 

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