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Hilton Heredia García/ Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

El escandaloso caso del desfalco del Banco Unión suma 25 personas detenidas. En los últimos días, la juez Cinthia Delgadillo envió a la cárcel con detención preventiva a seis funcionarios más de la entidad, vinculados en el desfalco de más de Bs 37 millones.

Al respecto, el fiscal Daniel Ayala informó de que tres varones fueron enviados a la cárcel de San Pedro y tres mujeres fueron enviadas a la Centro de Orientación Femenina de Obrajes.

Precisamente entre los detenidos están funcionarios de la oficina central del Banco Unión y provincias, que debían controlar los movimientos que resultaron ser irregulares de parte de Juan Pari.

El Ministerio Público los imputó por los tipos penales de asociación delictuosa y delitos financieros, específicamente apropiación indebida de fondos financieros.

Procuraduría interviene

En medio de esta situación, el Procurador General del Estado (PGE), Pablo Menacho, explicó este jueves que la instancia que dirige viene coadyuvando con el Ministerio Público, en el proceso de investigación sobre el desfalco al Banco Unión, cuyo principal protagonista es el exfuncionario, Juan Pari Mamani.

La autoridad indicó que es una prioridad para su despacho conseguir se esclarezca el suceso y se sancione drásticamente a todos los autores.

“Vamos a llegar dónde se tenga que llegar. Estamos trabajando para identificar y lograr la imputación y condena de absolutamente todos los responsables de los delitos comprendidos en el desfalco al Banco Unión S.A., y recuperar el dinero robado, constituyendo el presente caso en una prioridad para la institución”, sostuvo.

En fecha 11 de octubre del año en curso, la Procuraduría General del Estado (PGE), a través de la Dirección Departamental de La Paz, se apersonó al proceso Banco Unión S.A., tanto en instancias judiciales como del Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones establecidas en la Ley 064, que establece la obligación de la PGE  a intervenir en procesos penales, coactivos fiscales y civiles, en casos cuya cuantía sea igual o superior a 7 millones de bolivianos.

La Procuraduría requirió, a través del Ministerio Público y en forma directa, información relevante que aportará al conocimiento de la verdad histórica con relación a los presuntos hechos delictivos acaecidos en dicha institución bancaria y su entorno. 

También requirió la fundamentación de posibles responsabilidades penales en los diferentes niveles de gestión del Banco Unión S.A., todo ello con la finalidad de garantizar la recuperación total del patrimonio estatal.

Así también, la PGE ha participado en tres audiencias de consideración de medidas cautelares de carácter personal, habiéndose logrado, junto al Ministerio Público y otras instancias del Estado, la detención preventiva de 18 personas imputadas más la detención domiciliaria de otra.

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