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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó que la re ayer la solución del informe investigativo de la privatización y capitalización de empresas estatales recomienda enviar los resultados al Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Contraloría y al Ministerio de Justicia para su consideración en el marco de sus atribuciones.


La consideración del informe en el pleno de la ALP se realizó durante tres días, ya que el informe es fruto de casi seis años de trabajo y consta de 2.748 páginas donde se revelan los procesos de privatización, capitalización y redes de poder que se generaron durante el periodo neoliberal de 1985-2005.

"También se recomienda a gobiernos departamentales y municipales realizar investigaciones económicas para conocer a dónde fue a parar su patrimonio, con base en una lista de empresas que pertenecieron a su administración", indicó el presidente de la comisión investigativa, el senador oficialista Rubén Medinaceli.

Tras la presentación de ese informe ante la ALP, se recomendó a la comisión elaborar proposiciones acusatorias con base a los análisis jurídicos efectuados sobre las irregularidades identificadas en los procesos de capitalización y privatización.

Por su parte, la diputada Romina Pérez, también miembro de la comisión y del Movimiento Al Socialismo (MAS), dio a conocer la investigación sobre las redes de poder que se conformaron en torno a los procesos de enajenación, en las que se identificó a 55 individuos que entrelazaron redes políticas, empresariales y familiares para favorecerse del Estado.

"Se identificó una poderosa red política interconectada entre Gonzalo Sánchez de Lozada, Raúl Garafulic y Samuel Doria Medina, quienes a su vez construyeron beneficios empresariales y familiares", explicó.

Esas redes de poder -según Medinaceli- dieron paso a la época neoliberal más "nefasta" para la historia económica de Bolivia, ya que la tasa de desempleo abierto se elevó de 4,4% a 8,7% y la migración de compatriotas a otros países.

    Recordó que el total del perjuicio económico ocasionado al Estado por la enajenación de empresas públicas y recursos naturales fue mínimamente de 10.049 millones de dólares, equivalentes a más de 21.000 millones de dólares actuales.

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